La historia registró a seis mujeres que creían haber encontrado la seguridad para sus vidas al verse dentro de un programa de protección de testigos en diversos juicios y que finalmente se convirtieron en protagonistas de una propia pesadilla. La justicia argentina, por medio de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sugirió auditar el funcionamiento del Programa de Testigos perteneciente al Ministerio de Justicia, debido a numerosas denuncias por abusos y coacciones a uno de los agentes intervinientes.
La primera denuncia se destapó en 2017. Una joven se encontraba protegida bajo el programa después de presentarse como testigo en el juicio contra el clan de los hermanos Alé en Tucumán. Se trata del grupo delictivo cuyos cabecillas serían condenados luego en 2018 por el delito de lavado de dinero procedente de la trata de personas con fines de explotación sexual y narcotráfico.
La mujer, que se encontraba dentro del Programa de Protección desde el 2014, denunció en junio de 2017 que el agente que la cuidó a ella entre el 2014 y el 2015 a ella y a su familia se había transformado en una suerte de acosador y que no paraba de entrometerse en los asuntos íntimos de su vida.
La mujer denunció que el hombre intentó besarla en varias oportunidades, que asumió roles de cuidado de los hijos de ella que nadie le concedió y que buscaba cualquier motivo para pasar el tiempo con ella la mayor cantidad del tiempo posible.
Una vez que ella se retiró voluntariamente del programa, en 2017, el Ministerio de Justicia recibió un oficio desde un juzgado de Tucumán, en el que un juez pidió a la cartera publica información y el legajo del agente en cuestión, porque la mujer había realizado una denuncia.
Luego, el Ministerio tuvo acceso a las imágenes de chats entre los celulares de la joven y el agente y se decide, en febrero de 2018, iniciar un sumario contra el profesional. Así, el propio Ministerio de Justicia se puso en contacto con la PIA, cuyo titular, el fiscal Sergio Rodríguez, asumió el caso.
La situación tomó mayor preponderancia todavía en los meses siguientes, cuando el fiscal recibió las notificaciones de cinco nuevas denuncias de mujeres, que también eran cuidadas por el Programa de Protección de Testigos, habían realizado nuevas denuncias contra el mismo agente, un hombre de 55 años.
Estos nuevos datos fueron aportados por representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Al menos tres de las otras cinco denuncias penales, estaban radicadas en los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires y en el Juzgado Federal de Mercedes.
En una de las denuncias, una de las mujeres acusaba al agente de haber obligado a una de sus hijas adolescentes a trabajar en un prostíbulo bajo la amenaza de llevarse a la otra hija, de 12 años, en caso de que la madre no accediera.
Como si fuera poco, una vez que la PIA recibió el legajo del agente denunciado, se detectaron más irregularidades en el programa durante el período anterior al 2015: había sido contratado para el cargo no contenía estudios terciarios o cursos previos que le acreditaran la capacidad de desenvolverse en esa función. Por eso, el fiscal Rodríguez encomendó a realizarse una audiencia, donde se pueda analizar el proceso de selección de los profesionales para ocupar esos cargos.
A su vez, desde el propio Ministerio de Justicia se le informó a Infobae que, una vez que la Protex brindó la información sobre las seis denuncias, se resolvió despedir al agente de su cargo e iniciar un plan de “desconexión” del cesado con las testigos protegidos y todas sus familias. Todo ese proceso finalizó en agosto de este año.
Por su lado, la misma Protex es la que lleva adelante ahora el avance de las seis denuncias penales en contra del ya ex profesional del Programa de Testigos.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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