El Poder Judicial admitió a trámite este jueves el pedido de apelación solicitado por el Ministerio Público contra la ex primera dama, Lilia Paredes, quien mantiene la condición de comparecencia simple, una medida que la Fiscalía busca variar por 28 meses de prisión preventiva al considerarla como parte de una presunta organización criminal dedicada a realizar licitaciones públicas fraudulentas en Anguía (Cajamarca) durante el gobierno de su esposo, Pedro Castillo.
El juez Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, determinó que el recurso interpuesto por el fiscal Jorge García, representante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, cumplió con los presupuestos de todo medio impugnatorio para ser elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.
Bajo el mismo criterio, el magistrado dio luz verde para revisar el requerimiento fiscal de imponer prisión preventiva a David y Walter Paredes, hermanos de la esposa del exmandatario investigados por el delito de lavado de activos. En junio pasado, el mismo juez declaró infundada la solicitud tras considerar que no existen “nuevos elementos de convicción” para variar la situación de Paredes y sus hermanos.
Si la Segunda Sala Penal de Apelaciones admite a trámite el expediente, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluar el requerimiento con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión final.
En ese momento, la Fiscalía aseguró que el asilo que ha recibido Paredes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador también podía afectar el proceso y abrir la posibilidad de que otros investigados de su entorno puedan solicitar una medida similar.
Paredes, quien se encuentra con comparecencia restringida por el delito de lavado de activos, puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión, pues la Fiscalía le atribuye ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado.
Según las tesis del Ministerio Público, los tres hermanos, así como el exalcalde de Anguía, José Medina, están implicados en una presunta red criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas que tenían como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, donde fueron favorecidas empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, pese a que no contaban con requisitos legales.
El pasado 7 de diciembre, tras intentar dar un golpe de Estado, Castillo buscó llegar a la Embajada de México con su esposa y sus hijos, pero fue detenido en el camino, aunque sus familiares sí lograron ingresar a la representación diplomática y luego recibieron asilo del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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