En la tarde de este lunes 30 de septiembre se presentó una nueva jornada de protestas a la altura de la Universidad Nacional.
Encapuchados se enfrentaron con autoridades y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) sobre la Calle 26, que causaron afectaciones en la movilidad de los bogotanos.
Sobre las 4:30 de la tarde Transmilenio empezó a entregar los reportes de cierres de algunas estaciones y cambios en algunos servicios por cuenta de los bloqueos que estaban realizando algunos manifestantes sobre las vías.
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En videos que circulan por redes sociales quedó en evidencia cómo estos hombres pretenden generar pánico en la ciudadanía por tanto hachas y material explosivo construido de manera artesanal, con el que intentaron contra las instalaciones de la institución educativa y algunos uniformados que llegaron al lugar para intentar dispersar a los manifestantes.
En su momento, la Secretaría de Gobierno indica que “en este momento se evidencia grupo aislado arrojando objetos contundentes, interviene UNDMO” e “inicia intervención por parte de Grupo de Fuerza Disponible (GUFUD) y UNDMO. Grupo aislado utiliza elementos incendiarios y explosivos no convencionales, además se les evidencia el uso de hachas y machete”.
El experto en seguridad y director del observatorio de la Universidad Central Andrés Nieto, explicó que a pesar de que este tipo de acciones cada vez son más recurrentes parece que el principal objetivo de este grupo de manifestantes es atentar contra la fuerza pública:
“Efectivamente esto es un problema que si bien no es de hoy, cada vez más vemos que la protesta social pareciera que el fin último no es protestar sino enfrentarse con la fuerza pública”, comentó.
Además, fue claro al especificar que el uso de este tipo de armas está tipificado al interior del código penal y las respectivas sanciones: “Aquí hay que poner tres puntos sobre la mesa. Cualquier agresión a un servidor público está tipificado en el código penal con cuatro años de cárcel. Dos, las armas blancas, en este caso, las hachas y los machetes tiene una situación bien clara en el código de convivencias, con multa A tipo cuatro, la más alta, pero adicional, cuando existen este tipo de armas es imposible el diálogo, el estatuto de protesta es clarísimo que si se agota el diálogo, desde el artículo 32 hasta el 35, es enfático en que la Policía puede empezar a intervenir”.
Solicita al Gobierno nacional que se realice la respectiva regulación de este tipo de armamento e implementos para realizar los artefactos explosivos que son utilizados en contra de uniformados y población civil bajo la premisa del derechos constitucional a la protesta.
Las autoridades hacen claridad que este grupo de personas son infiltrados de grupos delincuenciales que no hacen parte del plantel educativo, y el único fin de este accionar es proporcionar una mala imagen a la ciudadanía de los estudiantes de la universidad.
Por lo general los vándalos se refugian en la universidad y desde allí empiezan a gestar las protestas, cierran el acceso por las principales vías y desde adentro empiezan a atentar contra las autoridades lanzando bombas molotov o arrojando objetos contundentes con el fin de afectar la integridad de los miembros de las fuerzas pública que fueron dispuestos en el lugar para controlar los disturbios y garantizar la seguridad de los estudiantes, ciudadanos de a pie y personas que transitan en sus vehículos por estas vías.
Este tipo de situaciones no solo generan congestión en los puntos aledaños a la institución han generado la cancelación de clases en las respectivas jornadas, la suspensión de las labores administrativas y el cierre del campus.
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