Morena, el partido con mayoría en ambas Cámaras de Congreso mexicano, propuso la creación de una Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que “busca fortalecer las figuras para el combate a la impunidad”, y que contaría con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda pedir juicio político contra funcionarios y servidores públicos.
A nombre de su bancada en la Cámara de Diputados, el legislador Rubén Cayetano García presentó una iniciativa para expedir la nueva legislación. En el proyecto, el legislador propuso que sean sujetos de juicio político las y los servidores públicos mencionados en el artículo 110 constitucional:
“Los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE (Instituto Nacional Electoral)”, indica la Constitución.
“Así como los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos”, añade la Carta Magna.
Además, considera la Constitución, incluye a “las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, diputadas o diputados de las legislaturas locales, magistradas o magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las Judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorguen autonomía”.
Cayetano García planteó este miércoles ante la Comisión Permanente, el órgano que sustituye a ambas Cámaras del Congreso durante periodos de recesos legislativos, que se considere procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de las personas servidoras públicas redunden en perjuicio de los intereses políticos fundamentales o de su buen despacho, y precisa que no proceda por la mera expresión de ideas.
El legislador de Morena detalló que se reglamenta el procedimiento del juicio político, y se señala que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra una persona servidora pública.
La Cámara de Diputados detalló, sustanciaría el procedimiento respectivo y actuaría como órgano instructor y de acusación, y la cámara de Senadores como Jurado de Sentencia. Además, se define el procedimiento para la Declaración de Procedencia, donde destaca que la Cámara de Diputados actuará como Jurado.
Adicionalmente, plantea que, durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano y ciudadana.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Ya en noviembre de 2020, Morena impulsó y aprobó la ampliación del catálogo de delitos por los que se puede juzgar al presidente de México, en lo que el oficialismo llamó la “eliminación del fuero presidencial”.
Con 89 votos a favor, el Pleno aprobó las reformas constitucionales en materia del fuero presidencial para cambiar los artículos 108 y 111 constitucionales con el apoyo no sólo de Morena, el partido de la mayoría en el Congreso, sino con una parte de la oposición. En contra, votaron 23 senadores.
A cambio, los opositores obtuvieron en la negociación que también se eliminen ciertas protecciones legales a diputados y senadores, en una votación posterior, donde el Pleno la aprobó con 102 votos a favor y 1 en contra.
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