Más de dos años después de un acuerdo de transición para compartir el poder en Sudán, el papel de los dirigentes civiles se disipa mientras el ejército sigue teniendo el control del país, estiman los analistas.
Los militares sudaneses derrocaron y arrestaron al autócrata Omar al Bashir en abril de 2019, tras meses de protestas masivas contra su gobierno de tres décadas.
Cuatro meses después, los poderosos generales y facciones de la sociedad civil firmaron un acuerdo para instalar un gobierno civil y un parlamento para sacar adelante la transición política.
Un “consejo soberano” formado por militares y civiles constituiría el órgano de gobierno.
Sin embargo, la asamblea legislativa no se ha materializado y se han profundizado las divisiones dentro de las Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FLC), principal alianza civil que dirigió las protestas contra Al Bashir.
El apoyo al gobierno tecnócrata de transición del primer ministro Abdalá Hamdok ha decaído, en gran parte debido a las reformas económicas que han golpeado a muchos sudaneses.
Además se le critica por el retraso en hacer justicia a las familias de las víctimas de Al Bashir.
“La lentitud de los militares en aspectos claves de la transición (…) han retrasado los avances”, dijo Jonas Horner, del International Crisis Group.
“Divisiones internas y falta de capacidad han afectado a la posibilidad de que los civiles mantengan la transición en marcha”, agregó.
El acuerdo de 2019 inicialmente delineó una transición de tres años, pero ese período se reprogramó cuando Sudán firmó en octubre un acuerdo de paz con una alianza de grupos rebeldes.
Los bandos militar y civil solo actúan “esporádicamente en sincronía”, según Horner. “En la práctica, los militares se mantienen en el poder”.
– Diplomacia militar –
Horner consideró que la formación del consejo legislativo de transición “será clave para iniciar la supervisión de los militares”.
“Pero tanto las fuerzas de seguridad como los partidos políticos más antiguos, preocupados por la pérdida de sus poderes actuales, han bloqueado esta reforma crucial”, indicó.
Los militares se han involucrado mucho en decisiones de política exterior desde el acuerdo de transición.
El año pasado Sudán anunció planes para normalizar las relaciones con Israel y Washington accedió a sacar a Jartum de su lista negra de países que promueven el terrorismo.
El gobierno de transición firmó el acuerdo en enero durante una visita del jefe del Tesoro de Estados Unidos y simultáneamente obtuvo ayuda financiera de Washington.
Autoridades gubernamentales han afirmado que el acuerdo entraría en vigor solo después de la aprobación del legislativo, que aún no está en pie.
Según el analista Magdi el Gizouli, del centro de estudios Rift Valley Institute, “la reorientación de la política exterior de Sudán después de Bashir fue trazada por los militares”.
El giro “se tradujo en vínculos más estrechos con Estados Unidos”.
Los militares también han sido decisivos en alcanzar la paz con grupos rebeldes.
Mohamed Hamdan Daglo, conocido como Hemeti, un alto cargo del consejo de gobierno y comandante de una temida fuerza paramilitar, firmó en octubre un acuerdo de paz con una alianza rebelde en nombre de Jartum.
El experto militar Amin Ismail dijo que la participación civil en las negociaciones de paz con los rebeldes era “limitada”.
– Altamente sensible –
Los militares también controlan empresas lucrativas que abarcan desde la agricultura hasta los proyectos de infraestructura.
Hamdok indicó el año pasado que 80% de los recursos públicos del país están “fuera del control del ministerio de Finanzas”, sin precisar qué porcentaje controlan los militares.
Una fuente militar que pidió el anonimato dijo a AFP que la participación de civiles en asuntos militares es “altamente sensible”.
Dirigentes civiles y exfacciones rebeldes piden reformas que incluyen la integración de los paramilitares y grupos armados en las fuerzas militares.
Pero según Digeir, de la alianza civil FLC, el acuerdo de 2019 no precisó quién supervisaría las reformas de seguridad.
Horner comentó que el acuerdo de transición exige que los civiles “en última instancia supervisen a los militares”.
“Pero no ha habido indicios de que los militares se alejen de su rol dominante en el país”, agregó.
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