El presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, ha firmado este martes una polémica ley aprobada por el Parlamento del país que obligará a las ONG presentes en su territorio a entregar informes sobre sus diferentes fuentes de financiación y a someterse a inspecciones sobre el uso de sus fondos y de otros bienes.
A pesar de que esta nueva legislación no incluye ninguna restricción o prohibición de actividades ni de formas de recibir financiación, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han asegurado que socava el derecho a la libertad de asociación y que amenaza con su independencia.
“Solo queremos mostrar todo abiertamente, para que todos trabajen en igualdad de condiciones. Entonces los donantes extranjeros podrán ver las cantidades y para qué proyectos se han usado, y no se dejarán engañar”, ha asegurado Japarov, según ha publicado el semanario kirguís ‘Vecherniy Bishkek’.
Por su parte, el jefe del Departamento de la Administración del presidente de Kirguistán, Marat Ukushov, ha criticado a las ONG por cargar contra la ley, aseverando que solo se pretende “garantizar la transparencia” de las “autodenominadas ONG independientes”, que ahora serán denominadas como “representantes extranjeros”.
Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha mostrado su preocupación por la aprobación de la ley, que “pone en riesgo” el trabajo de este tipo de organizaciones. En ese sentido, ha instado al Gobierno kirguís a protecer a la sociedad civil, a la que considera un pilar fundamental para la democracia.
HRW ha asegurado que esta ley obliga a “presentar informes engorrosos sobre todas las actividades financieras, de gobernanza y operativas” y que está dirigida “específicamente” contra organizaciones independientes.
En los últimos meses, Kirguistán también ha recibido críticas de diferentes organismos internacionales y ONG por la detención de decenas de periodistas críticos con el Gobierno.
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