El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se encuentra en el proceso de formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Petro al poder. Según se ha informado, los magistrados encargados de la investigación, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, presentarán una ponencia que se discutirá en el seno del CNE próximamente. Este asunto surge tras el análisis de los topes de financiamiento y los gastos relacionados con el transporte aéreo durante la campaña.
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La controversia se centra en los fondos utilizados por el Pacto Histórico para financiar el transporte aéreo de sus candidatos durante las campañas al Congreso y a la Presidencia en el año 2022. Se identificó que el Pacto Histórico contrató servicios de transporte aéreo por un valor de 5.629 millones de pesos con una empresa privada, Sadi SAS.
Según los reportes de la plataforma Cuentas Claras del CNE, solo en la primera vuelta presidencial, la campaña del Pacto Histórico reportó gastos de 799 millones de pesos por el transporte aéreo de Petro y, para la segunda vuelta, los gastos ascendieron a 2.770 millones de pesos con la misma compañía.
La situación se complica con la inclusión de Carlos Restrepo, exrepresentante legal de la compañía de transportes Sadi SAS, quien fue mencionado en contextos no relacionados directamente con la campaña pero que arrojan sombras de duda sobre las transacciones realizadas. Restrepo se vio envuelto en una controversia por la incautación de una avioneta en Providencia, tras lo cual negó cualquier relación con el cargamento incautado. Sin embargo, llamativamente, en julio de 2023, Restrepo se entregó a la justicia en Estados Unidos, según se reportó.
Además, fuentes internas revelaron a Caracol Radio una serie de hallazgos preocupantes, entre ellos, la omisión en la declaración de contribuciones significativas por parte de entidades como Fecode, Colombia Humana, y la Unión Sindical Obrera. Asimismo, se sugiere la implicación de pagos a testigos electorales, una táctica sumamente cuestionable que arroja aún más dudas sobre la integridad del proceso electoral que llevó al presidente al poder. Estas pruebas forman parte de un voluminoso documento de aproximadamente 300 páginas, el cual está previsto ser presentado ante la Sala Plena del CNE a finales del mes de abril.
Este informe no sólo detalla las irregularidades financieras y las infracciones cometidas, también pone en marcha un proceso que podría terminar siendo histórico. Si la Sala Plena del CNE decide acoger el documento y actuar según las recomendaciones de Prada y Ortiz, estaríamos presenciando un hecho sin precedentes: la acusación formal del CNE contra un presidente en funciones por exceder los límites de financiación electoral.
Lo destacado en este caso no reside únicamente en las acusaciones mismas, sino en la naturaleza y la extensión de la investigación llevada a cabo por los magistrados comisionados. “Se han encontrado pruebas sólidas”, indican fuentes cercanas a la investigación, lo cual sugiere que el equipo a cargo ha realizado un escrutinio detallado de las finanzas de campaña y las actividades relacionadas.
Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz están liderando la presentación de la ponencia que será evaluada por todos los miembros del CNE. Se menciona que ya cuenta con el apoyo de tres votos, específicamente los de Alba Velásquez, Fabiola Márquez y Cristian Quiroz, pero se necesitan seis para formar mayoría. La discusión podría extenderse varias semanas, dada la complejidad del caso y las implicaciones políticas que conlleva.
Este caso pone en relevancia no solo las dinámicas financieras de las campañas políticas en Colombia sino también el papel de las instituciones de vigilancia y control como el CNE y la Fiscalía, esta última habiendo solicitado documentos al CNE para un escrutinio más detallado de las cuentas de campaña.
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