Reforma laboral: informe advierte por el impacto fiscal del proyecto 

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo introduce cambios profundos en el esquema tributario y en el financiamiento de la seguridad social que, si bien reducen el costo laboral para las empresas, implican una pérdida significativa de recursos para el Estado nacional y las provincias. Así lo advierte un informe elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que analiza el impacto fiscal agregado de las principales medidas incluidas en la iniciativa.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con un aporte obligatorio del 3% de la masa salarial. Ese monto surge de una reducción equivalente en las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para el empleador, el esquema es neutro; para el sistema previsional, no: el informe señala que la medida implica una merma directa de recursos para el SIPA, sin afectar a PAMI, las asignaciones familiares ni el Fondo Nacional de Empleo.

A este mecanismo se suma el artículo 163, que reduce las alícuotas generales de contribuciones patronales. En el sector servicios y comercio bajan del 20,4% al 17,4%, mientras que para el resto de los empleadores privados descienden del 18% al 15%. El beneficio alcanza únicamente al empleo ya registrado, pero representa una segunda fuente de pérdida para la seguridad social, ya que impacta sobre los cuatro subsistemas: jubilaciones, obras sociales, asignaciones familiares y empleo.

El paquete de reforma laboral también incluye una rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades. A partir de 2026, las alícuotas de los dos tramos superiores se reducen en tres puntos porcentuales, lo que equivale a una baja cercana al 10% de la carga efectiva. En paralelo, el proyecto elimina prácticamente el Impuesto Cedular que grava las rentas financieras de personas humanas, con excepción de los criptoactivos. Según el análisis de AEFIP, esta combinación amplía el costo fiscal al reducir tanto la tributación empresarial como la que pesa sobre el capital financiero.

En materia de impuestos al consumo, la iniciativa contempla una derogación parcial de los Impuestos Internos que alcanzan a rubros como seguros, telefonía celular y satelital, bienes suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves. Quedan excluidos los productos de tabaco. Además, se eliminan por completo los impuestos a los videogramas y a las entradas de cine.

Otro punto relevante es la reducción de un punto porcentual en el aporte patronal a las obras sociales. Si bien esta medida no tiene impacto directo sobre la recaudación tributaria, el informe advierte que puede generar un efecto significativo sobre el financiamiento del sistema de salud de los trabajadores, tanto en obras sociales sindicales como en empresas de medicina prepaga.

De acuerdo con las estimaciones realizadas sobre datos de ARCA, INDEC y las previsiones del Presupuesto 2026, el conjunto de medidas implica una pérdida fiscal anual relevante, expresada como porcentaje del PBI proyectado para el próximo año. El impacto no se limita al Estado nacional: una porción sustancial de la recaudación afectada corresponde a impuestos coparticipables, principalmente Ganancias e Impuestos Internos.

En ese marco, el costo para las provincias se estima en 3,187 billones de pesos, considerando un coeficiente de apropiación del 57,36% de la masa coparticipable involucrada. Según los actuales índices de distribución del CFI, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —con un coeficiente del 1,4%— vería reducidos sus recursos en aproximadamente $44.621 millones.

El informe de AEFIP concluye que la reforma laboral plantea un fuerte desafío fiscal: mientras busca aliviar la carga sobre el empleo formal, profundiza la presión sobre el financiamiento de la seguridad social y las cuentas provinciales, en un contexto de restricciones presupuestarias y debate abierto sobre la sostenibilidad del esquema tributario.