Presentan proyecto para recomponer el salario docente

Frente a un inicio de ciclo lectivo que estará atravesado por serios conflictos, producto del fuerte deterioro del salario docente y el desfinanciamiento educativo, diputados de distintos bloques políticos de la oposición impulsan un proyecto de ley para declarar la emergencia salarial educativa por cinco años y garantizar un refuerzo directo para recomponer los ingresos de los docentes de todo el país.

La iniciativa se inscribe en un escenario de creciente conflictividad y deterioro del sistema educativo en todo el territorio nacional. Entre 2023 y 2025, el salario docente perdió en promedio un 19% de poder adquisitivo, habiéndose generado retrocesos salariales en 19 de las 24 jurisdicciones. A su vez, en un marco que evidencia claramente el retiro del Estado nacional en materia de financiamiento educativo, la inversión educativa real durante el gobierno de Milei tuvo una caída de 47,7%, cayendo a su vez, un 37,6% en relación al PBI (0,82% en 2025 – 1,4% en 2023), el nivel más bajo de los últimos 20 años (2005). A esto se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente clave del salario que complementaba los ingresos docentes en todo el país, junto con la ausencia de paritaria nacional y el veto a leyes de financiamiento educativo. El ajuste educativo no sólo lo sufre el sistema universitario, la educación obligatoria lo sufre con igual virulencia.

La propuesta genera un Fortalecimiento Salarial Educativo, financiado con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con asignación específica y distribución automática, de modo que los recursos lleguen directamente al recibo de sueldo docente, sin discrecionalidad ni intermediaciones. El proyecto establece un mecanismo claro, transparente y automático para que los recursos impacten directamente en el salario docente. Es una decisión concreta para terminar con el uso discrecional de los ATN y garantizar federalismo real. El proyecto contempla un Complemento Federal para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal que recibirán $52.269 por mes, y una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes se desempeñan en escuelas de alta vulnerabilidad. Esto representa un total cercano a $119.473 adicionales por cargo entre marzo y diciembre, priorizando además a quienes se desempeñan en contextos de mayor vulnerabilidad. Se trata de una mejora concreta que impacta de manera directa en el bolsillo de quienes están en el aula. Además del impacto salarial, el proyecto también aborda el deterioro de la infraestructura escolar y de la educación técnica de nivel secundario. En ese sentido, propone destinar los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional correspondientes a 2025 que no fueron ejecutados, por un total de $740.500 millones, para obras, reparaciones y mantenimiento en todo el país. Se trata de una inversión clave para sostener a 44.460 escuelas, 7.458.411 estudiantes y 916.674 trabajadores de la educación que hoy se ven afectados por el recorte. En este sentido, el 75% del remanente del fondo de ATN de 2025 será destinado a la mejora de la infraestructura edilicia educativa de gestión estatal de nivel inicial, primario y secundario, mientras que el restante 25% será específicamente destinado para establecimientos de educación técnica de nivel secundario de gestión estatal. Mientras el gobierno profundiza el ajuste, esta ley se presenta como una herramienta urgente para recomponer ingresos y garantizar el funcionamiento real del sistema educativo argentino. Es necesario resaltar que el proyecto no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación. Reasigna recursos ya existentes y elimina cualquier margen de discrecionalidad política mediante un mecanismo automático, transparente y con rendición obligatoria. El dinero vuelve a las provincias y llega directamente al aula. Se trata de una decisión de política pública orientada a fortalecer el federalismo y la equidad territorial. “La situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del gobierno. El poder ejecutivo nacional ha optado por desestimar su responsabilidad en la materia, transfiriendo el costo de la crisis a las provincias”, señalaron los autores del proyecto. “Ante la retracción del Estado nacional, el Congreso debe ejercer su rol de garante del derecho a la educación. La sostenibilidad del sistema es inseparable de salarios dignos para los docentes y los trabajadores de la educación”, sostuvo Nicolás Trotta, uno de los impulsores del proyecto. “Mientras el gobierno nacional elimina herramientas como el FONID, fija aumentos en cuotas que no alcanzan y profundiza el ajuste educativo, nosotros proponemos una herramienta concreta para recomponer ingresos y sostener el sistema educativo”, afirmó.

La iniciativa es impulsada por los siguientes diputados de distintos bloques y provincias: Nicolás Trotta de la Provincia de Buenos Aires, Natalia De la Sota de Córdoba, Miguel Ángel Pichetto de Buenos Aires, Guillermo Snopek de Jujuy, Marcela Pagano de Buenos Aires, Sebastián Galmarini de Buenos Aires, Esteban Paulón de Santa Fe, José Glinski de Chubut, Mónica Frade de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Moira Lanesan Sancho de Santa Cruz, Agustina Propato de Buenos Aires, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Martín Aveiro de Mendoza, Jorge Chica de San Juan, Cristian Andino de San Juan, Pablo Yedlin de Tucumán, Ernesto Alí de San Luis, Luis Basterra de Formosa, Raúl Hadad de Corrientes, Santiago Roberto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Mango de Río Negro y Pablo Todero de Neuquén.