El sistema universitario público argentino abrió el ciclo lectivo 2026 con las aulas vacías. Docentes de todo el país iniciaron un paro nacional en reclamo de la reapertura de paritarias, la recomposición salarial frente a la inflación y el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida fue impulsada por las dos federaciones nacionales mayoritarias, Conadu Histórica y Conadu, que convocaron el cese de actividades en dos tramos: el primero del 16 al 21 de marzo, y un segundo bloque previsto del 23 al 30. En paralelo, los docentes de la UBA votaron extender el paro por tiempo indeterminado hasta que se les abone el 55,4% de aumento salarial que establece la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.
Un conflicto de alcance nacional
La medida afecta a la mayoría de las instituciones universitarias públicas del país. Entre las casas de estudio que confirmaron su adhesión figuran la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la de La Plata (UNLP), la Tecnológica Nacional (UTN), la de Rosario (UNR), la de Tucumán (UNT), la del Nordeste (UNNE), la de Salta (UNSa), la de Entre Ríos (UNER) y la de José C. Paz (UNPAZ).
En Buenos Aires, el paro dejó una escena atípica para un lunes de inicio de cuatrimestre: pocos estudiantes circulando, aulas cerradas y la actividad académica suspendida. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docentes, no docentes y estudiantes cortaron el tránsito en Puan y la avenida Rivadavia.
El reclamo: salarios en mínimo histórico
Según datos de la Conadu, los salarios docentes registraron una pérdida del 34% en términos reales desde noviembre de 2023. Un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad cobró en enero último un sueldo bruto de $305.604.
Los docentes de la UBA presentaron un informe en el que señalan que el sueldo real se encuentra en su mínimo histórico: un 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso por debajo de los peores niveles registrados en 2004.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, Laura Carboni, fue contundente: «En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así”. La ley que el Gobierno no aplica
El trasfondo del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario La norma fue aprobada en ambas cámaras del Congreso en 2025, vetada por el Poder Ejecutivo y, luego de que el Congreso rechazara el veto, quedó nuevamente en vigencia. Sin embargo, en diciembre de 2025 el Gobierno promulgó la ley pero suspendió su ejecución hasta definir nuevas fuentes de financiamiento, lo que llevó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a presentar un amparo judicial. El juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores y ordenó la aplicación inmediata de la norma. En febrero de 2026, el Ejecutivo apeló la decisión y presentó un nuevo proyecto que, según gremios y universidades, modifica el alcance original de la ley.
Un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional y Feduba sostiene que el proyecto oficialista reduce la obligación de adicionar más de $2,7 billones al presupuesto 2026 a tan solo $187.744 millones, con una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública.
En términos presupuestarios, el financiamiento universitario cayó un 28,9% en términos reales entre 2023 y 2025, y la proyección para 2026 indica una caída adicional del 7,6% respecto al año anterior.
Sé el primero en comentar en"Paro universitario: los salarios de los docentes cayeron un 34% en dos años"