La industria pesquera argentina atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Desde el 17 de marzo, la flota tangonera congeladora permanece completamente paralizada, con más de 100 buques amarrados en puertos clave como Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado. Esta inactividad, que ya lleva 17 días, ha generado una pérdida en exportaciones estimada en más de 100 millones de dólares, afectando no solo a las empresas armadoras sino también a plantas procesadoras, proveedores, estibadores y toda la cadena logística.La causa central de este colapso operativo es el régimen laboral establecido por un convenio colectivo de trabajo firmado en 2005, que sigue vigente luego de 20 años sin actualización con relación a las condiciones reales del mercado actual. En el caso específico del langostino —producto que representa el 52% de las exportaciones pesqueras y que generó ingresos por más de u$s 600 millones en 2024, según cifras oficiales— el salario de los tripulantes está vinculado a un valor histórico del producto que hoy no se condice con el mercado. Mientras que en 2005 se lo valoraba en u$s 12/kg, actualmente el precio promedio ronda los u$s 5,5/kg.
Esta desactualización lleva a que el costo empresarial por un marinero pueda alcanzar los 16 millones de pesos mensuales, mientras las empresas registran una rentabilidad negativa del -21% por marea. Esta estructura salarial, desfasada y sin paralelismo internacional, ha sido señalada como una de las principales amenazas a la sustentabilidad económica del sector.
A este esquema laboral inviable se suma la carga fiscal: retenciones del 6% a las exportaciones y Derechos Únicos de Extracción (DUE) recientemente incrementados en promedio un 210%, sin que el sector haya sido incluido en el régimen de reducción de retenciones anunciado por el Gobierno. Además, la inflación en dólares de insumos críticos —combustibles, repuestos, servicios portuarios— ha dejado a las empresas sin margen operativo.
Si bien la parálisis es más visible en la flota congeladora, el segmento fresquero —con base principalmente en Mar del Plata— atraviesa una crisis estructural desde fines de 2023. El precio del kilo de merluza fresca en banquina permanece congelado en $650, mientras los costos se dispararon. Hoy, cada vez que un buque fresquero zarpa, pierde un 21% de lo facturado, según un informe encargado por cámaras del sector a la consultora INVECQ.
Un ejemplo: un buque que descarga 3.000 cajones factura $73,5 millones, pero incurre en costos por $88,5 millones. Las plantas procesadoras en tierra también operan a pérdida, con costos que superan los u$s 3.500 por tonelada de filete, mientras que el producto se vende a u$s 2.800.
Aunque el sector fresquero, que es la fuente del mercado interno, no ha parado, se está generando ya una sostenida parálisis por goteo. En Mar del Plata, por ejemplo, todos los días queda un nuevo barco parado en el muelle, por no poder pagar las cuentas, o cierra una planta de fileteado o se abren retiros voluntarios. El impacto de esta situación parece encaminarse indefectiblemente hacia un quebranto o parate definitivo del sector.
El sector pesquero solicita medidas urgentes al Poder Ejecutivo Nacional
• Actualización inmediata del convenio colectivo en línea con la realidad de los negocios.
• Inclusión del sector pesquero en la reducción de retenciones.
• Revisión del esquema de DUE y presión fiscal.
• Coordinación interministerial para evitar el colapso social y productivo de las principales economías regionales del país.
La pesca argentina genera más de 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 destinos internacionales. Su colapso no solo implica la pérdida de divisas, sino también el riesgo de desindustrialización en regiones enteras.
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