Reducción de personal, acotamiento de las funciones y falta de recursos adecuados, son algunas de las debilidades que ostentan los organismos encargados del control de la gestión pública. Los riesgos que implica tener una Auditoría General de la Nación cuasi acéfala.
En torno a la polémica que se abrió a partir de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desde el Observatorio del Control Público, entidad civil vinculada a las políticas de control de los poderes del Estado, advierten que la reducción a un tercio del personal de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la ANDIS, debilita los controles que pueden encender las alertas ante posibles hechos de corrupción y defraudación al Estado.
“Este caso pone en debate la importancia del control interno efectivo como herramienta clave para la transparencia. La falta de control no es un detalle, es un peligro que pone en riesgo la vida de las personas y el pleno ejercicio de sus derechos”, afirmó Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público y candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, por Para Adelante.
La Ley 24.156, que regula el sistema de control interno en el sector público nacional, establece dos niveles complementarios entre sí: La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que actúa como órgano normativo y supervisor y las Unidades de Auditoría Interna (UAI), presentes en cada jurisdicción o entidad, que trabajan en el control diario de la gestión. Estas unidades deben asegurar que las actividades del organismo se realicen conforme a la ley, con eficiencia, transparencia y uso adecuado de los recursos públicos.
En julio pasado, el Observatorio de Control Público presentó un informe* que puso el foco sobre la fragilidad en la que se encuentra la Auditoría General de la Nación (AGN), que ante la falta de designación de auditores generales está cuasi acéfala y es objeto de intentos de limitación de sus facultades.
El informe precisa que “garantizar la designación oportuna de los auditores generales es una obligación política y constitucional que impacta directamente en la calidad democrática y en la legitimidad del control sobre los actos de gobierno”.
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