Yesenia Ponce, la exlegisladora fujimorista acusada de adjuntar información falsa sobre sus estudios secundarios en la hoja de vida que presentó al jurado electoral para los comicios de 2016, quedó oficialmente inhabilitada para ejercer cargo público por la próxima década.
Una resolución legislativa publicada este domingo en el diario oficial El Peruano establece la formación de la causa penal por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos y falsedad genérica; y otra dispone su inhabilitación por infringir el artículo 38 de la Constitución.
Los dispositivos legales, aprobados por el pleno la semana pasada, llevan las firmas del presidente del Congreso, José Williams, y de la primera vicepresidenta, Martha Moyano.
Previamente, la exparlamentaria solicitó reprogramar el debate y su defensa por presentar “neumonía y dengue”, pero su requerimiento fue desestimado porque no presentó un informe médico que avalara su diagnóstico.

Yesenia Ponce, quien también integró las tiendas de Cambio 21 y Peruanos por el Kambio (PPK), protagonizó un episodio peculiar en el pasado por su postura férrea al intentar menoscabar una denuncia elevada a la Comisión de Ética sobre el presunto pago de unos 10 mil soles para recibir a cambio certificados secundarios falsos, que incluyeron compañeros “fantasmas”.
Durante sus presentaciones ante el Congreso, ofreció disculpas en reiteradas ocasiones, aunque siempre negó el abono ilícito al exdirector del colegio Mariscal Toribio Luzuriaga, en Puente Piedra, para que le facilite documentos que le permitan defender su versión.
En 2018, durante una entrevista en Punto Final, la excongresista rompió en llanto al recordar la supuesta condición de extrema pobreza que vivió en su infancia y adujo, además, que las acusaciones eran producto de una venganza y “perseguimiento”.
Cuando el periodista cuestionó por sus dos camionetas de más de 45 mil dólares y un sueldo mensual de 15 mil soles, Ponce dijo que era “pobre de corazón”. En abril de ese año, la Comisión de Ética, presidida entonces por una legisladora de la tienda naranja, archivó las denuncias, que fueron reabiertas en una siguiente gestión.

Inicialmente, Ponce sostuvo que terminó sus estudios en el colegio Niño de Belén, en Villa María del Triunfo, en los años 1995 y 1996, pero al cotejar la legalidad de los certificados, los medios periodísticos hallaron que no había estudiado ahí porque en esa época la institución no tenía licencia ni permiso para enseñar nivel secundario.
Ante esta irregularidad, Aldo Rodríguez Uceda, ex asesor de la legisladora, denunció en Cuarto Poder que la congresista habría pagado los 10 mil soles al entonces directivo de la institución.
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