Foto: De archivo / Reuters
Para este miércoles 14 de diciembre estaba programada una reunión clave entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. En dicha reunión se iban a hablar temas clave, entre ellos la liberación de jóvenes detenidos en protestas, incluyendo algunos integrantes de la primera línea, para designarlos como gestores de paz.
Sin embargo, la reunión tuvo que ser cancelada, de nuevo. El motivo fue que, justamente, el jefe de Estado se encontraba en un encuentro correspondiente a la Comisión Intersectorial para estudiar los casos de jóvenes que podrían quedar en libertad antes de Navidad, como él mismo lo había anunciado durante la primera Convención Nacional Campesina, realizada en Bogotá.
Vale mencionar que esta cumbre ya se había cancelado en una primera vez, pues el fiscal Barbosa había dado positivo para covid-19. Por ello, la fecha fue movida para este miércoles 14. Ahora, se espera que la reunión entre el funcionario y el mandatario sea adelantada el jueves 15 del mismo mes.
El importante encuentro también tenía como foco las dudas que tiene el fiscal General (y en general gran parte del aparato judicial) sobre la figura que contempla la liberación de estos jóvenes para ser gestores de paz. Anteriormente, la cabeza de la Fiscalía General de la Nación había afirmado que no entendía bien la propuesta planteada por el presidente Petro.
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“Tocaría explicarle al país exactamente vocero de quién o de qué y en el marco de qué proceso de paz”, sostuvo Barbosa el pasado lunes 12 de diciembre. También precisó que la liberación de los detenidos no le corresponderá a la entidad que lidera, pues para ello se creó una Comisión Intersectorial integrada por los ministros de Defensa (Iván Velásquez), Interior (Alfonso Prada) y el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano.
Dicha sección tendrá como función principal la admisión o exclusión “de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”.
Sobre la expedición de esta reglamentación, el ministro Velásquez hizo la precisión de que la liberación de detenidos que hayan participado en protestas ni implica que los procesos en contra de esas personas serán concluidos; por ello, se examinará caso por caso.
“La tarea de nosotros no es cuestionar respecto a las pruebas que existan, no es hacer una revisión de los procesos, es solo definir de acuerdo a los criterios que adoptemos para presentar los nombres al presidente de la República”, detalló el jefe de la cartera castrense.
El ministro de Interior, Alfonso Prada, ha precisado sobre la figura de los gestores de paz que una de las funciones de estos sujetos será, “básicamente la resolución de conflictos e incluso para quienes hayan sido, de una u otra manera, sindicados de haber afectado bienes. Una de sus funciones va a ser precisamente la de cuidar los bienes para efectos de que no se repitan este tipo de comportamientos y conductas”.
Más allá de las claridades, en algunos sectores de la rama judicial afirman que podría romper la separación de poderes, pues el Ejecutivo estaría haciendo una función que no le compete: liberar detenidos aún cuando estos solamente hayan sido sindicados.
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