El exasesor Vladimiro Montesinos reapareció este miércoles en una audiencia judicial sobre el caso de Leonor La Rosa, la exagente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que denunció torturas durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000).
La Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria escuchó los alegatos finales de Julio Salazar Monroe, ex jefe de inteligencia que integra la lista de ocho acusados en este proceso por el delito de lesiones graves, incluido Montesinos.
El número dos de Fujimori se dejó horas después de que el exdictador (1990-2000) solicitara en otra sala que se le restituya el indulto humanitario que le otorgó, en diciembre de 2017, el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski, una gracia fue anulada por la Corte Suprema de Perú en octubre de 2018.
Se mostró somnoliento o tomando anotaciones y, al final de la sesión, requirió reunirse de manera privada con su abogado. De todos los imputados, solo está pendiente que exponga la defensa de Montesinos. La próxima audiencia ha sido programada para el 18 de octubre, a las 14:00 horas, y se ceñirá al término de alegatos de la abogada de Salazar Monroe.
La Rosa acusó a sus jefes de someterla y violentarla por filtrar información a la prensa, un escándalo por el que, en febrero del 2002, el expresidente Alejandro Toledo le pidió disculpas en nombre del Estado y la indemnizó con 120.000 dólares.
La denunciante, que solo se puede movilizar en silla de ruedas al quedar parapléjica, reside en Suecia desde 1998, cuando fue considerada como protegida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Solo hace cuatro meses, Montesinos fue condenado a 23 años de cárcel, junto al ex jefe del grupo militar encubierto Colina, Martín Rivas, por el homicidio con agravante de alevosía contra Mariella Barreto, otra exagente de inteligencia.
Según La República, Barreto era investigada por el Ejército por presuntamente revelar un plan secreto para atentar contra el periodista César Hildebrandt y también acusada por sus superiores de haber revelado información reservada sobre la construcción de un túnel que facilitó el rescate de los rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en abril de 1997.
El exasesor permanece en prisión desde 2001 por una serie de sentencias por delitos de corrupción y abusos a los derechos humanos, como la matanza de Barrios Altos y la desaparición de tres personas en los sótanos del SIN.
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