BUENOS AIRES (AP) — La vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a los fiscales y al tribunal que la juzga por presunta corrupción al pronunciar el martes sus últimas palabras en defensa propia.
“Es un verdadero pelotón de fusilamiento y se inició a partir de que los fiscales se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar”, dijo en una audiencia virtual la dirigente peronista, quien se enfrenta a una condena de hasta 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los fiscales del proceso acusan a la dirigente peronista de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular durante su presidencia (2007-2015) 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado de la provincia de Santa Cruz que, en pocos días más, también se enfrenta junto a otros 11 acusados a posibles condenas de cárcel.
Los imputados en el juicio que comenzó en 2019 tienen la opción de exponer sus últimos argumentos ante los jueces del tribunal antes de que éste de a conocer su veredicto el 6 de diciembre.
Los delitos imputados a la vicepresidenta son haber sido la jefa de una “asociación ilícita” y defraudar al Estado.
Este es el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de condena contra ella. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.
En el proceso se dilucida si hubo licitaciones manipuladas, sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Los fiscales dijeron que esta es “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.
En tanto, la defensa de la exmandataria afirmó que las pruebas de la fiscalía son falsas y sus imputaciones quedaron “fulminadas” por las declaraciones de testigos, contadores, peritos e ingenieros durante casi tres años de juicio oral.
En caso de ser condenada, Fernández de Kirchner puede apelar la sentencia ante distintas instancias judiciales superiores, un proceso que puede estirarse años. La ley no le impide presentarse a cargos públicos en las elecciones generales de 2023 hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie de manera definitiva.
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