Santiago de Veraguas (Panamá), 9 nov (EFE).- Una gran “marcha blanca” de educadores por la “paz y el cese de la violencia” fue la respuesta este jueves de los gremios de profesores al tiroteo esta semana que dejó dos muertos entre un grupo de docentes que bloqueaba una carretera en rechazo a un polémico contrato minero en Panamá.
Miles de manifestantes de blanco convocados por la influyente Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) marcharon por la localidad de Santiago de Veraguas, en el occidente panameño, hasta un puente en la vía Interamericana, epicentro de las protestas antimineras.
Esta marcha ha querido “honrar a los mártires Tomás García y Abdiel Iván Rodríguez”, que perdieron la vida en el tiroteo durante el bloqueo en uno de los tramos de la vía Panamericana, dijo a EFE Luis Sánchez, secretario general de la AEVE.
El líder docente señaló que el blanco con que se distinguió esta marcha es un “color de paz”, pero advirtió que “los mártires no se lloran, no se olvidan, se imitan en la lucha”.
“Y aquí estamos, porque la muerte de ellos no ha sido en vano”, remarcó Sánchez, que estimó en 25.000 las personas que atendieron la convocatoria a esta marcha.
Esas muertes ocurrieron el martes en un bloqueo en la vía Panamericana en el sector de Chame, a unos 90 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá, cuando un panameño de 77 años de supuesto origen estadounidense discutió con los manifestantes, un pequeño grupo de docentes, por bloquear el paso de la carretera, y tras sacar un arma mató a tiros a dos de ellos, según presenció EFE.
La manifestación adquirió también un tono festivo por celebrarse en el conocido como mes de la patria, con fechas históricas como la conmemoración de la separación de Colombia el 3 de noviembre, o varias fechas relacionadas con la independencia de España el 10 y 28 de noviembre, gritando consignas en rechazo al contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
“Hace más de 120 años se dio una gesta (con la separación de Panamá de Colombia), hoy la estamos repitiendo pero en contra de una trasnacional que quiere llevarse todos nuestros recursos con un contrato ilegal, leonino, que ha desencadenado una explosión social a nivel nacional”, dijo Sánchez.
El contrato, aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo mediante la Ley 406 que renovó por 20 años prorrogables la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, ha generado las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá.
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