Un juez federal procesó a un activista por dar información pública sobre cómo se cultiva cannabis y se hacen aceites

Es un caso inédito. Desde que el uso medicinal del cannabis se instaló en la sociedad argentina como una salida esperanzadora para adultos y niños con enfermedades y dolores, incluso antes de que fuera legal, nunca la Justicia se había metido con un activista de la forma en que lo hizo Leandro Ríos, el magistrado federal de Paraná (Entre Ríos), con Iván Malajovich.

En un fallo reciente, el magistrado procesó al militante cannábico no sólo por tenencia simple de marihuana, sino también porque considera que el hombre cometió un delito al dictar talleres que enseñan a cultivar la planta milenaria y a fabricar el aceite que se usa para combatir dolencias, todos aspectos sobre los que hay mucha información en internet y en revistas y libros que se venden en cualquier comercio del país.

Malajovich tiene 33 años y desde 2012 milita por la legalización del cultivo y el consumo de cannabis, como una forma alternativa de combatir el narcotráfico. Comenzó con activismo radial en un programa que se llamaba “El esqueje” y salía en la radio de una asociación civil de Paraná.

Desde esa plataforma, al año siguiente organizó junto a otros militantes cannábicos la primera marcha por la despenalización de la marihuana en la capital de Entre Ríos. Malajovich fue una de las caras más visibles de un nuevo colectivo en Paraná: dio notas periodísticas a canales de televisión locales y fue orador en las innumerables charlas, encuentros y talleres que desde ese momento comenzaron a organizar en la flamante Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos (APAC).

Sin embargo, en julio de 2018, Malajovic fue detenido después de que la Policía Federal allanara su comercio -un grow shop, como se les dice a los locales donde se venden insumos para el cultivo de plantas y parafernalia cannábica- y su casa. Estuvo tres días y dos noches en prisión y recuperó la libertad. Pero la Justicia federal continuó el proceso de investigación en su contra.

La Policía investigó, espió y escuchó los teléfonos del militante durante más de un año por su actividad pública. Por ejemplo, pidió información suya a Facebook, tomó datos de su domicilio, del de su novia y las conversaciones y chat por celular. Pesaba sobre él la sospecha de que vendía semillas y cogollos, algo penado por la ley 23.737 pero legal en países como Uruguay y Canadá o el estado de California.

La Justicia Federal comenzó la investigación contra este hombre a partir de una denuncia anónima por las charlas y talleres que este comerciante daba en su ciudad, no por una presunta actividad comercial ilegal.

“Iván Gregorio Malajovich impartió instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, y preconizó acerca del uso de estupefacientes“, explicó el juez Ríos para justificar el procesamiento, firmado días atrás, casi a la par de la firma del Ministerio de Seguridad nacional que habilitó al gobierno de Jujuy a cultivar bajo una empresa estatal.

Concretamente el magistrado apuntó a tres hechos: el 14 de abril de 2017 en la sede de la Asociación Civil Barriletes; el 16 de julio de mismo año en “Pandora Multiespacio”; y el 27 de mayo de 2018 en “Casa Mainumbí”, todos lugares de Paraná.

Los talleres sobre cultivo y producción de aceite son cada vez más frecuentes y populares en todo el país, especialmente desde que en marzo de 2017 el Senado aprobó la ley de uso medicinal del cannabis. Decenas de organizaciones sin fines de lucro, como Mamá Cultiva, ofrecen información a usuarios y curiosos.

Pero para Ríos esa actividad de Malajovich y el hallazgo de plantas y semillas de cannabis en la casa del activista fueron razones suficientes para sindicarlo por varios delitos tipificados en la ley de drogas.

En el grow la Policía encontró 20 gramos de marihuana y semillas. En la casa fueron secuestradas 33 macetas con plantas dentro de dos gacebos con cierre eléctrico, ventilación e iluminación, una práctica de cultivo que se conoce como “interior” o indoor.

Además confiscaron 13 frascos con cogollos de marihuana y otros 270 gramos de plantas que se secaban, más 9 troqueles de LSD (acido lisérgico, otra droga prohibida). También inacutaron papeles para armar cigarrillos, picadores, filtros de agua, reguladores de humedad, pipas, insecticidas, y otros elementos para el cultivo o el consumo.

Además le escucharon las conversaciones e informaron al juez que Malajovich daba instrucciones sobre cultivos a quienes le consultaban y que tampoco ocultaba sus propias plantas. Pero no hallaron pruebas de comercialización más que la presunción, sostenida por el prejuicio de que son muchas plantas para consumo personal. Y sin tener en cuenta la posibilidad de que existiera un aporte solidario a usuarios medicinales que no encuentran en la ley sancionada recientemente una respuesta a su demanda.

Malajovich no lo puede creer. “Esto es todo surrealista. Yo soy un activista que no escondo mis preferencias. Desde que vivimos los allanamientos siento que en algún momento voy a despertar y todo va a ser una horrible pesadilla. Nunca pensé que se me fuera a perseguir, investigar, allanar por hacer activismo y ayudar a la gente”, dijo en diálogo con Infobae.

Además, en ese operativo la Policía también allanó por orden de la Justicia la casa del activista Maximiliano Burgos, que vive postrado en una silla de ruedas como consecuencia de una esclerosis múltiple de grado 3. Los agentes federales patearon la puerta de la casa de este hombre porque él no abría. Burgos, sospechado de los mismos delitos que Iván, sufrió una descompensación que lo tuvo grave varios días. Finalmente, tras el escándalo, el juez Ríos lo deslindó de la causa.

En cambio, el proceso contra Malajovich siguió. Los fiscales federales Mario Silva y Carlos García Escalada concluyeron que él preconizaba (“tributar elogios públicamente”) el consumo de la sustancia, algo que está considerado como delito en la ley de drogas actual, y pidieron el procesamiento por ese hecho. Como ejemplo pusieron posteos de Facebook donde Malajovich aparece en fotos con sus plantas. Y además sostuvieron la acusación por la tenencia de sustancias y por dar información en talleres. Y pidieron un embargo por $ 135.000.

El juez Ríos sobreseyó por la preconización a Malajovich, al basarse en el antecedente ocurrido con el artista Andrés Calamaro, quien fue acusado y sobreseído por el mismo delito en dos oportunidades años atrás. Pero mantuvo la acusación por la tenencia y por dar información en talleres sobre una actividad considerada ilegal. Además, trabó un embargo por $ 150.000.

Según Ríos la actividad de Malajovich en los talleres “excede los límites de la libertad de expresión” porque “progaga el uso de estupefacientes en terceras personas”.

Su decisión generó críticas diversas desde organizaciones relacionadas con la política de drogas y el uso medicinal del cannabis. “Nuevamente se observa que la Justicia Federal dilapida sus recursos persiguiendo a militantes cannábicos, primero por ejercer su libertad de expresión y segundo, por autocultivar la sustancia. Hace 10 años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció que no pueden perseguirse aquellas conductas que estén relacionadas al consumo personal de sustancias, por vulnerarse con ello la Constitución Nacional”, consideró el abogado Mariano Fusero, presidente de la ONG Reset y ex integrante de la Sedronar.

Fusero indicó que en los últimos 10 años, desde el famoso fallo Arriola de la Corte se presentaron unos 25 proyectos de ley “de las más diversas bancadas políticas”, para despenalizar a las personas que consumen. “Sin embargo, a diferencia de gran parte de la región y el mundo, la no criminalización de tales personas sigue siendo una deuda de nuestra democracia“, remarcó Fusero.

“Esto fue desproporcionado e innecesario. Es como una suerte de ensayo científico que hizo la Justicia con él para ver qué pasaba. La ley de drogas aclara que el objetivo central es combatir el narcotráfico y cuidar la salud pública, pero pasaron 30 años de esa ley, y todos podemos llegar a sostener que ese proyecto fracasó. Malajovich y Burgos son personas que se expresan, no son narcos, solo están en contra de la prohibición del autocultivo”, remarcó el abogado defensor de Malajovich, Andrés Bacigalupo, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal (APP), quien el último viernes presentó un recurso de apelación ante la Cámara por el fallo de Ríos, ya que considera que se violaron las garantías de privacidad.

Si la Justicia siguiera esa conducta se acabaría un espacio de divulgación e información que se desarrolla por todo el país. Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, una organización que acompaña a cientos de familias que usan el cannabis de forma medicinal, advirtió: “Creemos que hay un intento de disciplinamiento de parte del Ministerio de Seguridad, que quiere secuestrar la circulación de información acerca de los efectos terapéuticos del cannabis para persuadir e inocular temor en las personas y colectivos que pese a que nos persiguen seguimos adelante con la lucha por el autocultivo”.

Bacigalupo dijo que entiende la posición del magistrado Ríos. “En cierto sentido puede ser que el juez tenga razón desde el punto de vista formalista, Iván cometió el delito y fue público”.

Sin embargo, lo que aseguró que no comprende es por qué lo buscan a su defendido, cuando él no oculta su activismo solidario. “El problema es el criterio político criminal, lo investigaron por dar los talleres durante un año, la individualización que hizo la Policía Federal, los seguimientos personales, a la casa de su madre, y era todo por las publicaciones que hacían ellos, los hashtags #NoSomosNarcos, porque mostraban que no tenían miedo. Al final es como entrar a la casa de un carpintero y encontrar madera“.

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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS