Los talibanes en el poder en Afganistán “desmantelan sistemáticamente los avances en materia de derechos humanos conseguidos en los últimos 20 años”, denuncian tres oenegés en un informe publicado el martes, que enumera una serie de abusos ocurridos desde mediados de agosto.
“Los talibanes intentaron convencer al mundo de que respetarían los derechos humanos, pero la información sobre el terreno muestra una realidad totalmente diferente”, según el informe de Amnistía Internacional, la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
El documento detalla una “letanía” de violaciones de los derechos humanos: intimidación y represión de las mujeres, de los defensores de los derechos humanos, represalias contra los funcionarios del antiguo gobierno y ataques a la libertad de expresión.
El informe, basado principalmente en una decena de testimonios directos, abarca el período comprendido entre el 15 de agosto, fecha de la caída de Kabul en manos de los talibanes, y el 12 de septiembre.
“La vida de miles de mujeres y hombres que defienden los derechos humanos pende de un hilo”, escribe el texto. Cita el testimonio de un defensor de los derechos humanos que logró huir del país, que describe el “clima de miedo” impuesto por los talibanes y cómo dos de sus colegas recibieron latigazos.
También el de dos mujeres periodistas de Kabul que, frente a las amenazas e intimidaciones, terminaron marchándose, una de la capital y la otra del país.
“Como consecuencia del clima de miedo generado por la toma de poder de los talibanes, muchas afganas llevan hoy burka, se abstienen de salir de casa sin un tutor masculino y cesan ciertas actividades para evitar violencia y represalias”, destaca el informe.
El texto también documenta las dificultades de los que intentan huir del país. “Algunos incluso fueron torturados o maltratados”, en particular en las dos semanas posteriores a la caída de Kabul, cuando miles de personas intentaron llegar al aeropuerto de la capital.
Las oenegés piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca un mecanismo de investigación independiente para identificar estos abusos y luchar contra la impunidad.
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