Numerosos los motivos razonables más destacados que tiene la Misión de Determinación de los Hechos sobre lo que ocurre en Venezuela, en materia de la violación de los Derechos Humanos, luego de entrevistar, en persona o a distancia, a 256 personas. Tiene elementos la Misión “para creer que, desde 2020, hubo al menos 58 casos de personas detenidas arbitrariamente”, de las cuales 53 fueron en el marco de la represión selectiva de opositores del Gobierno, y cinco en las protestas. La mayoría fueron detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La Misión “recibió información sobre el uso de tortura psicológica, incluyendo amenazas de hacer daño a las parejas e hijos de los detenidos, imponerles mayores periodos o peores condiciones de detención, o someterlos a torturas o violación”.
“Las autoridades venezolanas no investigaron ni sancionaron las torturas y malos tratos, pese a existir denuncias. Ni el sistema de justicia ni la Defensoría del Pueblo han actuado con la diligencia debida. De esta manera, la impunidad por estos actos en casos que involucran a personas opositoras, o percibidas como tales, sigue siendo la norma”.
Es muy revelador que “los hechos reportados por la misión son consistentes con el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades del Estado para generar y perpetuar un clima de temor en la sociedad civil venezolana, y mostrar las consecuencias que podrían sufrir aquí”.
Algunas personas entrevistadas afirmaron que el impacto de los casos de tortura y malos tratos servían para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide, así como de la “Casa de los Sueños”, ubicada en Boleíta”.
Por otra parte, “las autoridades venezolanas lejos de desmantelar las estructuras involucradas en patrones previos de violaciones de derechos humanos y delitos a través de reformas institucionales genuinas y de la rendición de cuentas, han mantenido o incluso ascendido a algunos de los individuos responsables”.
Aunque el informe no lo dice expresamente hay casos muy sonados de militares señalados de ser ascendidos, aunque han sido identificados como violadores de DDHH, tal es el caso del jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Tcnel. Alexander Enrique Granko Aretaga, GB Rafael Antonio Franco Quintero, GD Rafael Ramón Blanco Marrero
Incluso en junio 2023 el capitán (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero señaló nuevamente al Vicepresidente del INEA, Capitán de Navío Germán Eduardo Gómez Lárez, como uno de sus torturadores, tal y como lo ratificó ante el Tribunal.
Tragedia hospitalaria, inflación y servicios
La Misión de Determinación de los Hechos destaca que su investigación tiene lugar en el marco de la crisis económica y humanitaria que vive Venezuela. De fuentes no gubernamentales han establecido que “para marzo de 2022, el 82,8% de los servicios de atención hospitalaria se encontraban inoperativos, lo que implica que unos 19,1 millones de personas dejaron de beneficiarse de estos servicios. La tasa de inflación anual en abril 2023 se situaba en el 400%, la tasa nacional más alta del mundo. Para agosto de 2023, al menos 7,71 millones de personas habían abandonado el país”. Consideran que las protestas están más vinculadas a condiciones laborales, acceso a la salud y servicios básicos, y escasez de alimentos o gasolina.
En el informe sobre Venezuela la Misión investigó cuatro muertes violentas de actores de la sociedad civil, de las que dijeron que era necesario “realizar investigaciones más profundas”
Dos de ellos eran comunicadores populares y activistas del chavismo: José Carmelo Bislick Acosta tenía un programa de radio en el estado Sucre. En el Zulia funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales asesinaron a Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres quien era hijo del director de Guacamaya TV.
Otra de las muertes que investigó la Misión fue la del líder indígena Uwottüja, Virgilio Trujillo, asesinado en junio de 2022 en Amazonas; y el activista del Partido Comunista y comunicador social José Gregorio Urbina, asesinado en enero de 2022 en el Apure.
“La misión investigó dos muertes bajo custodia: la del General Raúl Isaías Baduel, que murió el 12 de octubre de 2021 bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide; y la de Salvador Franco, miembro del pueblo indígena Pemón, que murió el 3 de enero de 2021 en la cárcel de El Rodeo II.
“La misión tiene motivos razonables para creer que ambas muertes fueron consecuencia directa de la denegación de atención médica adecuada. Según estándares internacionales, a menos que se demuestre lo contrario, las muertes bajo custodia se consideran privaciones arbitrarias de la vida y generan responsabilidad del Estado”.
Investigaron 53 casos ocurridos en el marco de la represión selectiva que “se refieren a la detención arbitraria de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de la oposición, profesores y otras personas que expresaron críticas o reclamos contra el Gobierno, incluidas reivindicaciones laborales”.
“En dos casos investigados, que involucran a 11 personas, las detenciones se produjeron por la presunta participación de los detenidos en actos militares de sedición, descritos oficialmente como intentos para desestabilizar al Gobierno. Entre ellos se incluyen tres miembros del personal militar”, dice el Informe.
Detenciones arbitrarias
La misión identificó tres patrones comunes de detención arbitraria: muchas se llevaron a cabo sin orden previa de detención. “Con frecuencia las autoridades no presentaron órdenes de detención ni informaron a los detenidos de los motivos de su arresto. Las detenciones en flagrancia carecieron a menudo de una causa válida o se justificaron plantando pruebas incriminatorias falsas a los detenidos, en particular armas de fuego”.
“Las fuerzas de seguridad que irrumpieron en los domicilios de los detenidos no presentaron órdenes de allanamiento, hicieron uso excesivo de la fuerza, y amenazaron a los familiares de los aprehendidos. Excepcionalmente, los detenidos fueron presentados ante un juez dentro del plazo legal de las 48 horas desde el arresto, pero otros debieron esperar hasta 10 días, lo que el Ministerio Público ocultó comunicando fechas falsas de detención”.
Otro de los patrones identificados por la Misión es que “las personas permanecieron en prisión, incluso después de que un juez hubiera ordenado su liberación inmediata. Los directores de las prisiones se niegan a liberar a las personas, alegando que están pendientes las respectivas autorizaciones del Ministerio Penitenciario. Este patrón afecta desproporcionadamente a las personas que han sido privadas de libertad por oponerse al Gobierno, como se ilustra en 15 casos individuales documentados por la misión”.
Tortura y tratos crueles
El Informe de la Misión es revelador en casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes investigados, encontrando que entre el 2020 y principios de 2021, hay motivos razonables para creer algunos casos reflejan “una política de Estado dirigida a silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno, la cual ha sido documentada en informes anteriores”.
“La misión investigó los casos de 28 personas privadas de libertad en lugares de detención oficiales y clandestinos. La misión recibió información de que las víctimas de tortura o malos tratos optan, con frecuencia, por no denunciar las violaciones, por temor a represalias o a sufrir consecuencias negativas relacionadas con su detención en curso”.
“Los actos documentados por la misión incluyeron golpizas (especialmente en la cabeza, las costillas, los glúteos, los genitales, las piernas y los dedos de las manos y los pies); suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, incluida luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido que permiten sólo estar de pie y aislamiento prolongado”.
Igualmente creen que hay motivos razonables para creer que “ciertos actos de tortura y malos tratos tuvieron por objeto castigar a los detenidos por sus actividades sindicales o relacionadas con los derechos humanos, por denunciar actos de corrupción, por su activismo político, por actuar o por pronunciarse en contra del Gobierno. En algunos casos, los actos de tortura o malos tratos tuvieron por objeto extraer confesiones o declaraciones falsas”.
La misión ha seguido recibiendo información sobre las condiciones deficientes de detención de los opositores al Gobierno, o de quienes son percibidos como tales, en los centros de detención de la Dgcim, Sebin e Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
“Falta de productos de higiene y condiciones sanitarias inadecuadas; falta de aire fresco y de acceso a la luz solar; hacinamiento en las celdas; falta de acceso a tratamientos médicos o denegación de medicamentos, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva, e insuficiencia de alimentos o agua, condiciones que, en algunos casos, podrían constituir tortura o malos tratos”.
Violencia sexual y de género
La misión tiene motivos razonables para creer que la violencia sexual y de género siguió utilizándose como forma de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, perpetuando un ciclo de abuso y opresión mediante la violación, la amenaza de violación, los registros invasivos y la desnudez forzada.
Para el periodo desde 2020-2023, la misión ha investigado los casos de 19 personas víctimas de violencia sexual o de género en lugares de detención, incluyendo personas opositoras, reales o percibidas como tales, sus familiares, sus abogados o abogadas (cuatro hombres y 15 mujeres, incluyendo una mujer transgénero). Los casos comprenden amenazas de violación contra dos mujeres, y la violación de tres hombres. Todas estas personas fueron detenidas en 2020, el último año en que se dieron operaciones de contrainsurgencia a gran escala.
La misión documentó casos en los que se utilizó la violencia sexual como acto de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, poco tiempo después de la detención de la víctima. En al menos cinco casos, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar perpetraron actos de violencia sexual o amenazaron a las personas detenidas con violarlas (incluso se dijo a las detenidas que las enviarían desnudas a una habitación con funcionarios varones). Dos militares varones detenidos fueron violados con objetos contundentes.
La desnudez forzada como parte de las requisas físicas invasivas está generalizada en el sistema penitenciario venezolano, afectando desproporcionadamente a las mujeres. La misión recibió información de seis víctimas y cuatro testigos directos, todas mujeres, sobre el uso sistemático de la desnudez forzada durante las requisas físicas invasivas. La misión recibió información de que estos actos se llevaron a cabo con especial saña contra personas opositoras políticas, reales o percibidas como tales, incluyendo personas detenidas, sus representantes legales y sus familiares.
La misión ha documentado el uso de insultos o amenazas basados en el género como forma de trato humillante y degradante contra personas opositoras, o percibidas como tales que se encuentran detenidas. Por ejemplo, las mujeres encarceladas han sido insultadas y etiquetadas como “malas madres”, “zorras” o “prostitutas”. En un número desproporcionado de casos, en comparación con los hombres, las amenazas contra las mujeres giraban, generalmente, en torno a sus hijos y a lo que podría ocurrirles si no cooperaban.
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