Un hombre de 38 años ha negado este lunes, ante un Tribunal de la Audiencia Provincial, haber drogado y violado a una mujer a la que conoció en un local de ocio de Palma.
Este presunto caso de sumisión química se ha juzgado en la Sección Segunda, donde el hombre ha afirmado que él y la denunciante mantuvieron relaciones sexuales “consentidas”, negando que colocara somníferos en la bebida.
Por su parte, la denunciante ha explicado que apenas recuerda nada de aquella noche a partir del momento en el que ingirió un combinado al que le invitó el acusado; sólo recuerdos borrosos de cómo se fue “a dormir” en su casa y “lo tenía encima”.
La Fiscalía pide para el acusado una condena de 12 años de cárcel por agresión sexual. Los hechos se remontan a una noche de febrero de 2023, cuando la mujer se encontraba en un local con unas amigas. Las chicas habían quedado a comer y llevaban desde entonces consumiendo alcohol.
Según el fiscal, el hombre invitó a la víctima a algunas bebidas y en una de ellas habría añadido dos tipos de fármacos hipnóticos. A medida que hacían efecto, presuntamente el acusado insistió a la víctima para que fueran a su domicilio, y una vez allí la violó.
Durante el juicio, la víctima ha indicado que sus recuerdos se vuelven muy limitados desde el momento en que comenzó a tomarse la copa que le entregó el acusado. “Quise ir al baño y ya no tuve fuerzas. Recuerdo que estuve hablando con él de El Salvador, de Bukele y los Derechos Humanos, y luego ya no recuerdo más”, ha declarado, muy afectada.
La mujer ha señalado que hay muchos detalles que no recuerda, como el hecho de que llovía, que el hombre la besó en el pub –sus amigas se lo contaron posteriormente– o que tuvo que abonar una cena en un restaurante del que se habían ido sin pagar –y lo sabe porque el cargo aparece en su cuenta–. “Recuerdo luces que me molestaban y a él todo el tiempo alrededor”, ha añadido.
Tampoco recuerda cómo llegó a casa, ni haberse desnudado, sólo “estar dormida y tenerlo encima”. “Pensé que me daba asco, que no lo entendía. No sabía ni qué hacía ahí, y no tenía fuerzas ni para empujarle”, ha declarado la víctima, que ha afirmado que pidió al hombre que se detuviera. “Yo decía ‘no, no’ y él seguía”, ha mantenido.
Siguiendo con su versión, sobre las 07.00 horas, cuando comenzó a recuperarse, preguntó al acusado su nombre y su edad, pero él no le contestó. La mujer logró que se marchara con el pretexto de que esperaba a gente en casa.
En las horas posteriores, se “sentía mal”, “muy cansada” pero “sin poder dormir ni pensar con claridad”, y quiso ir al médico por temor a que aquel desconocido le hubiera contagiado una enfermedad de transmisión sexual: “No sé ni cómo llegué al PAC. Llamé a un amigo para que me acompañara a Son Espases”. En el centro hospitalario le practicaron análisis que constataron la presencia de las dos sustancias en su organismo.
En el hospital, la Policía le aconsejó denunciar. La víctima ha expresado la culpabilidad que sentía y cómo “no quería que nadie se enterara”, rememorando cómo rompió a llorar en su puesto de trabajo el lunes siguiente. Un mensaje que le envió el acusado desde su móvil, y que ella interpretó como una amenaza, aceleró la denuncia: “Pórtate bien y si te portas mal te acuerdas de mí”, rezaba el texto.
Por su parte, el hombre ha negado haberle entregado la bebida, afirmando que se limitó a pagarla y que en ningún momento la manipuló: “Absolutamente no”. “¿Usted estaba ahí y me pudo ver a mí poner unas pastillas?”, le ha espetado en un momento dado a la fiscal, ganándose una advertencia del Tribunal.
El acusado ha afirmado que fue la mujer quien llevaba la iniciativa y que él quiso conseguir vídeos de las cámaras de seguridad del local para demostrarlo. “Para que vean que no he puesto nada en su bebida y que la vean bailando y besándome, si yo pido vídeos es para demostrar mi inocencia”, ha protestado, con quejas sobre su anterior abogado.
La Fiscalía pide, además de la pena de cárcel, una indemnización de 25.000 euros para la víctima, así como una orden de alejamiento por 20 años. También solicita imponer al acusado una medida de libertad vigilada durante cinco años y la inhabilitación durante 20 años para ejercer actividades que conlleven contacto con menores. En cualquier caso, plantea sustituir parte de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional por diez años.
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