El fiscal federal Franco Picardi imputó hoy a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a otros tres funcionarios de esa cartera a los que se acusa de haber montado un plan para favorecer negocios inmobiliarios en el Sur del país en perjuicio de las comunidades mapuches.
Además de Bullrich, el fiscal imputó a Pablo Noceti, secretario de Cooperación y ex jefe de Gabinete de esa cartera; Gonzalo Cané, ex Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, y Gerardo Milman, actual titular de la unidad de coordinación general de dicha cartera.
La causa se inició a raíz de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). Ese organismo acusó a los funcionarios imputados de lanzar un “plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios”.
La denuncia incluye los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo como parte de ese supuesto plan en perjuicio de las comunidades mapuches.
En su requerimiento, al que tuvo acceso Infobae, el fiscal también pide investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con Carabineros de Chile, “para involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del “R.A.M.” una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten”. Ese hecho ya se está investigando, en otro juzgado, por la una denuncia de la familia Maldonado.
Picardi además busca determinar si existió un acuerdo entre los funcionarios para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso en los casos de Maldonado y Nahuel.
En su requerimiento, de unas 80 carillas, el fiscal sugirió una serie de medida de pruebas como declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación y pedidos de colaboración internacional. Y aceptó a la APDH como querellante.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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