
La clave estará en el decreto. No solo por su contenido sino por los tiempos. Es por eso que durante este fin de semana en el gobierno de Alberto Fernández trabajaban sobre cada palabra del texto que busca dar un nuevo nombramiento a Ana María Figueroa, la jueza de Casación que cumplió los 75 años el 9 de agosto pasado y que ya fue dejada cesante por la Corte Suprema de Justicia. En tribunales esperan ese decreto con suspicacia, recelo y curiosidad. Es que saben que será la pieza clave para dar inicio una batalla que tendrá distintos frentes: los escenarios serán el Consejo de la Magistratura y el Palacio de Tribunales. En Comodoro Py se convertirán en espectadores de una película que vieron crecer y no pudieron controlar.
Al edificio de Retiro allí podrán llegar las denuncias penales –algunas que ya se hicieron y otras que pueden venir en las próximas horas- sobre si existió un delito penal detrás del nombramiento de Figueroa, pero serán coletazos: la atención estará puesta en los tribunales en lo contencioso administrativo, el llamado fuero de la “gobernabilidad” porque es el que puede poner en jaque los decretos o leyes. Es por eso que se esperaba el texto final del decreto.
El otro frente se activará n el Consejo de la Magistratura. Una de sus integrantes, la abogada Jimena de la Torre que viene denunciando la conexión Figueroa-CFK, ya reclamó el viernes que se active en el Consejo de selección el proceso para ocupar la vacante en Casación porque Figueroa ya no es más jueza. El miércoles habrá reunión donde todos estarán cara a cara, encabezados por Horacio Rosatti, el presidente del cuerpo y de la Corte. “¿Y la Corte? La Corte ya habló”, repetían la fuentes consultadas por Infobae.
“Falta la firma del Presidente de la Nación. No sé qué va a pasar”, deslizó el jueves senador del Frente de Todos José Mayans, desde la bancada oficialista en el Senado, antes de que la votación quedara empatada y tuviera que inclinar la balanza la momentánea presidenta provisional del Senado, la santiagueña Claudia Abdala, en una jugada que también podría abrir frentes para discutir la constitucionalidad del nombramiento, según la advertencia de algunos constitucionalistas.
En los pasillos de Comodoro Py se leyó con suspicacia la frase de Mayans, ante la duda de si estaba garantizado el acompañamiento de Alberto Fernández. “¿Saldrá el decreto? ¿Cuándo?”. Las dudas no cesaban: “¿Por qué, a días de irse, Alberto le regalaría este tema a Cristina? ¿Para qué?”
Por lo pronto, así como estuvo dispuesta a quedarse después de su cumpleaños, Figueroa está dispuesta a volver apenas se publique el decreto, confiaron sus allegados. Es más: ya pidió alistar el auto oficial para que la fuera a buscar. Así lo hicieron el mismo viernes en la playa de estacionamiento de los tribunales de Retiro, tal como muestra la foto que acompaña esta nota.
Según pudo saber Infobae, la intención de Figueroa era presentarse en los tribunales mañana mismo, pero dependerá de los tiempos presidenciales. Sus allegados dicen que no vuelve con ánimos de venganza, pero sí que hay puentes que quedaron rotos. El último acuerdo que mantuvo con sus colegas, cuando fue imprevistamente interrumpido y llegó la resolución de la Corte Suprema que la jubilaba, fue una estocada para ella.
“Va a haber revuelo. Están todos desconcertados porque nadie sabe cómo va a decantar”, dijo un integrante del primer piso a Infobae. La votación del oficialismo en el Senado tiene para Figueroa el sabor de la revancha, con el que mirará a todos sus colegas: “Un ‘yo te avisé”. Es que ella les decía que había que esperar los tiempos del Congreso. Pero también es cierto que el Senado no se reunió hasta que ella se fue.
Por lo pronto, a la espera del decreto, Figueroa sabe que no puede darse por ganadora, porque su salida e incluso su llegada pueden pender de un hilo. “No entiendo quién gana con todo esto”, repetía ante Infobae el jueves por la noche un juez federal al que no se lo puede acusar de opositor.
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Una novedad que sorprenderá a varios: si el desembarco de Figueroa finalmente se concreta, la jueza no volverá a ser parte de la Sala I del máximo tribunal, en donde se tramitan las causas de Cristina Kirchner como Los Sauces-Hotesur, Memorándum con Irán y gran parte del expediente Cuadernos. En su silla ya está sentado desde el inicio de año el juez Carlos Mahiques, cuando ella pasó a ser presidenta de Casación y no integró ninguna sala. De todas maneras, de no ser apartada, podrá actuar en esos expedientes porque es la magistrada que ya actuó en esos casos.
Los fallos para ordenar el juicio oral de la Vicepresidenta en los dos primeros casos ya fueron firmados por los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone. Solo se sobreseyó a Florencia Kirchner, su hija.
El martes a primera hora es la fecha límite para apelar esas dos resoluciones y que la Corte pueda revertir el resultado. Es posible que las defensas, como adelantó el abogado Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta, reclamen la nulidad porque los los fallos salieron solo con dos firmas. El voto de Figueroa quedó en la nada porque, para esa altura, para la Corte, no era más jueza. Sin embargo, hay otras resoluciones que también dejó firmadas Figueroa y que no salieron hasta ahora. Una de las que se observaba con más expectativa era el caso Oil Combustibles, en donde dos empresarios fueron absueltos y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray terminó condenado. ¿Qué pasará, entonces, si consegue reasumir como magistrada; si, finalmente, alguien le toma juramento?
Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, cuando Figueroa regrese -si se concreta- su lugar quedará radicado en la Sala III de ese tribunal, porque es donde está vacía la silla (de la vocalía 9) que ocupaba Eduardo Rafael Riggi. Precisamente, Riggi fue el juez que también este año, el 16 de febrero, cumplió 75. Él también había pedido seguir por cinco años más, pero el Ministerio de Justicia no envió su trámite al Senado. El 23 de junio, Alberto Fernández firmó un decreto en que se aceptaba su renuncia “en virtud del cese en el ejercicio de sus funciones producido el día 16 de febrero de 2023, de conformidad con los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional”. Un detalle que miran en Py para calcular los tiempos presidenciales: el decreto salió cuatro meses después del cumpleaños.
Tal como consignó el viernes Infobae, el Presidente ya firmó tres decretos de jueces que se quedaron en su cargo, pese a haber cumplido 75 años y sin tener para esa fecha un nuevo nombramiento. El Gobierno los recordó cuando pidió que no se desplazara a Figueroa, en la voz del viceministro de Justicia Juan Martín Mena -imputado en la causa del Memorándum que decidió reabrirse hace dos semanas-.
Fue el caso de Silvia Mora, esposa de Ricardo Recondo, en un tribunal oral criminal; Juan Carlos Bonzón, en la Cámara en lo Penal Económico; y Luis Imas, en un tribunal penal económico. Mora renunció en febrero y Bonzón hace dos semanas. Imas permanece en su cargo y es el talón de aquiles que exhibió Figueroa durante las discusiones con su pares antes de irse: la propia Casación, vía de superintendencia, justificó su permanencia en el cargo porque el Senado estaba deliberando. Imás cumplió años en noviembre del 2020 y su decreto salió en febrero del 2021.
“Dos inconstitucionalidades no hacen una constitucionalidad”, resumió el profesor de Derecho en la Universidad de San Andrés Ricardo Ramírez Calvo. Su colega, Lorena González Tocci, de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, acotó: “El Senado no puede empezar a discutir después de los 75: el acuerdo llegó tarde, cuando ya no eras jueza entonces no es acuerdo”.
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Fue la propia Corte Suprema la que lo dejó asentado en el fallo Schiffrin que el límite eran los 75 años, como dijo la Constitución de 1994, en donde dos de sus miembros -Rosatti y Juan Carlos Maqueda- fueron parte de esa redacción. Pero fue más allá: en este caso dijo con nombre y apellido que Figueroa se había jubilado, casi un mes después del natalicio y en respuesta a una carta en donde Casación les informó la situación que transitaban en el primer piso de Comodoro Py 2002.
“Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”, dijeron el 6 de septiembre pasado, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dando por cerrado el tema. Figueroa se retiró ese mismo día del edificio. La decisión del oficialismo en el Senado llegó el jueves pasado, en medio de la puja con la Corte Suprema.
“Es claro el conflicto entre los poderes eminentemente políticos (Congreso y Ejecutivo) versus Corte Suprema de Justicia. ¿El final? Con asegurada judicialización, la Corte no volverá para atrás y tratará de garantizar ‘su puntada final’ ya expresada el 6 de septiembre pasado -vaticinó a Infobae uno de los constitucionalistas a los que convocó Alberto Fernández para integrar la mal llamada comisión Beraldi-. La Corte no la habilitará administrativamente. Figueroa deberá conseguir un abogado para litigar”. Y, con ironía, agregó: “también va a tener que conseguir que el juicio termine ‘antes del 9/8/28′ cuando cumplirá 80 años y ‘necesitará nuevo acuerdo del Senado’ y nueva designación presidencial”.
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