Hay momentos en la historia de toda sociedad en que se produce un verdadero quiebre entre una antigua manera de vivir las cosas y otra mucho más acorde con los tiempos que corren. Desde el año 2015, el movimiento de mujeres, el feminismo, fue ganando protagonismo en la política. El grito mayoritario que significó el “paren de matarnos” trajo consigo una serie de debates que hasta ese momento parecían postergados en el seno de la opinión pública a causa, básicamente, de una forma de concebir la sociedad bajo un absoluto predominio de la figura del varón, que relegaba desde la intimidad del hogar hasta los más destacados espacios públicos y privados a la figura femenina. La aparición del Ni Una Menos fue la visibilización de una sociedad patriarcal tremendamente injusta, sobre todo con nosotras, las mujeres.
Desde el 2011 soy parte de un cuerpo legislativo que en muchos aspectos fue pionero en conquistas sociales. Hasta 2015, con un gobierno que desde el discurso y la gestión promovió la restitución de derechos efectiva para la construcción de una sociedad de igualdad de oportunidades. Lo logramos a partir de un Estado que funcionó como garante de aquellos avances. Por supuesto que quedaron debates pendientes. Es el caso de la despenalización del aborto, que no se pudo dar por varias razones, muchas de ellas expuestas recientemente por quien fuera jefa de bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio.
Ahora, desde el lugar de oposición que nos toca, seguimos en el mismo camino, con la premisa de respetar el derecho a decidir de toda mujer. Este año 2018 nos encaminamos hacia un debate público, pero con un abordaje integral. Para eso hay que problematizar, estar dispuestos a debatir sin anteojeras ideológicas o bajo argumentos de fe. Es principalmente un asunto de salud pública.
En la Argentina se practican alrededor de quinientos mil abortos clandestinos al año y es la principal causa de mortalidad materna. Quienes asumimos la responsabilidad de representar al pueblo debemos dejar de lado falsas dicotomías y proclamarnos definitivamente a favor de la vida, por ende, en contra del aborto inseguro.
Es exclusiva responsabilidad del gobierno nacional la implementación y el cumplimiento de la ley nacional de educación sexual integral, la realización de campañas preventivas de salud mediante la difusión y la entrega de métodos anticonceptivos y, lógicamente, el consenso por la despenalización del aborto. A este punto solo se podrá llegar con el voto mayoritario de los legisladores y el acompañamiento de la ciudadanía a la lucha y la fuerza de la organización popular, los movimientos de mujeres y de los derechos humanos que hace décadas abogan por la igualdad de género.
Caminemos juntas para interpelar desde abajo. Ser mujer en la política no es fácil, recién el año pasado aprobamos la paridad. Mucho más difícil es ser mujer sin notoriedad pública, sin educación sexual y sin recursos económicos. Ahora hay que denunciar los análisis hipócritas de formadores de opinión; discutir la doble vara moral que condena a las mujeres pobres y oculta el comportamiento de aquellas que pueden pagarlo. Hay que actualizar el marco legislativo ya. No hay justicia social sin una legislación que garantice el derecho de una mujer a decidir qué hacer con su cuerpo.
Raúl Scalabrini Ortiz decía: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. El tiene su propia ley, que es su propia fuerza”. Si le sumamos la movilización popular, el despertar de la conciencia en la sociedad, estamos en un momento de la historia inmejorable.
Estamos ante un nuevo cambio de era, ha regresado la hora de la mujer. Seré firmante del proyecto de la campaña por el derecho al aborto y la despenalización de la práctica.
La autora es diputada nacional (Frente para la Victoria).
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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