UE estudia proteger a defensores de DDHH entre los nicaragüenses deportados

Bruselas, 2 mar. La Unión Europea (UE) contempla la posibilidad de ofrecer protección específica a los activistas en favor de los derechos humanos que se encuentren entre los nicaragüenses deportados por el régimen de Daniel Ortega, afirmó este jueves un alto funcionario comunitario.

“Estamos activamente mirando las posibilidades de proveer apoyo urgente a los 222 deportados (…) Estamos mirando en particular la posibilidad de priorizar a los defensores de derechos humanos en el interior de este grupo de 222 y de los 94 que ya estaban fuera del país”, indicó el subdirector para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Duccio Bandini.

Bandini, que participó en una sesión de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de América Central, se refirió así a los 222 presos políticos nicaragüenses que el pasado 9 de febrero fueron liberados y desterrados y a quienes se revocó su nacionalidad.

Seis días después, las autoridades del país despojaron de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, exfuncionarios, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas y estudiantes.

“Tenemos instrumentos específicos para apoyar a defensores de derechos humanos y la sociedad civil en el exilio. Estamos mirando cómo estos instrumentos se pueden utilizar rápidamente para apoyar a estas personas específicas”, continuó Bandini.

La UE dio la bienvenida a la liberación de estos prisioneros “que nunca debieron haber sido encarcelados”, puntualizó, y recordó que también agradeció a España su ofrecimiento de concederles la nacionalidad.

En cualquier caso, este responsable del servicio diplomático comunitario dejó claro que hay que “seguir condenando en los términos más duros una represión que se ha venido agudizando contra cualquier forma de disidencia y de oposición y que sigue mostrando violaciones tanto de la Constitución como de los compromisos internacionales adoptados por Nicaragua”.

Mientras mantiene su apertura a un posible diálogo, dejó claro que la UE reitera a las autoridades nicaragüenses que “anulen la legislación que viola los derechos humanos y la persecución” y que vuelvan al “pleno respeto” de las libertades de reunión, de asociación, de expresión, de creencias religiosas o de cualquier otro tipo de pensamiento.

“Seguimos pensando que la recuperación de un diálogo inclusivo entre gobierno y oposición, la restauración de una democracia genuina, en línea con los compromisos adquiridos por las autoridades en marzo de 2019, sigue siendo la única manera constitucional de solucionar la crisis política, económica y social en Nicaragua”, concluyó Bandini.

En la audiencia parlamentaria también participó la excomandante guerrillera Dora María Téllez, antigua compañera de armas de Ortega, también afectada por la expulsión decretada por el Gobierno de estas personas a Estados Unidos.

“Estamos todos tramitando permisos de trabajo, con dificultades de salud”, explicó Téllez por videoconferencia a los eurodiputados, al tiempo que detalló las penurias económicas que atraviesan y las secuelas físicas y mentales causadas por el tiempo pasado en la cárcel de El Chipote, en Managua.

Téllez subrayó que “hay presos que ven que su familia está en riesgo, que está siendo amenazada”, y cuyos miembros no logran el permiso de las autoridades para salir del país.

Denunció que la policía “política” está “totalmente instrumentalizada para la represión”, pero consideró que una señal de que el régimen “no ha podido con la presión” es que ha tenido que liberar a presos políticos.

Por su parte, el precandidato presidencial Félix Maradiaga, que también se encuentra entre los 222 desterrados, pidió que las resoluciones que el Parlamento Europeo ha venido aprobando en favor de una Nicaragua democrática sean implementadas por el Ejecutivo comunitario “para que el régimen acepte una solución cívica, pacífica”.

Esa solución, dijo, pasa por “la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de los derechos humanos en Nicaragua”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE

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