El Tribunal Constitucional húngaro rechazó este viernes el recurso del gobierno del soberanista Viktor Orban contra una decisión de la jurisdicción superior de la Unión Europea (UE) en materia de inmigración.
El tribunal húngaro argumenta su decisión por “no estar capacitado para contestar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ni de examinar la primacía del derecho europeo”.
La ministra de Justicia húngara, Judit Varga, había solicitado al Tribunal Constitucional que estudiara una sentencia del TJUE de diciembre de 2020, en la que se condenaba a Hungría por haber infringido el derecho de la UE en materia de asilo.
En octubre, el Tribunal Constitucional de Polonia sentenció que algunas partes del Derecho comunitario de la UE son incompatibles con la Constitución polaca.
Aunque la UE denunció la decisión del tribunal polaco, Orban firmó un decreto de respaldo a Polonia, y pidió a las instituciones europeas que respeten la soberanía de los 27 Estados miembros del bloque.
La Federación de Helsinki para los Derechos Humanos reaccionó celebrando la decisión del tribunal húngaro de este viernes.
“El Tribunal Constitucional no dio al gobierno lo que quería. La situación es clara: el fallo del TJUE debe aplicarse y debe acabar con el trato inhumano a los demandantes de asilo”, reaccionó la organización en un comunicado.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, había lamentado, durante una visita en noviembre a Budapest, el recurso del gobierno, que consideró “inaceptable”.
“Estamos dispuestos a poner en marcha todos los procedimientos posibles para garantizar la protección de los dos principios fundamentales del funcionamiento de la UE, o sea, la primacía del derecho comunitario y el carácter vinculante de las decisiones del TJUE”, afirmó.
La Comisión lanzó a su vez un procedimiento “por no respeto” a la decisión del TJUE. Hungría se enfrenta a sanciones financieras.
De acuerdo al tribunal, que tiene sede en Luxemburgo, Hungría, al exigir que las solicitudes de asilo se presenten solamente en “zonas de tránsito” en la frontera con Serbia, y al limitar drásticamente el número de solicitantes de asilo a los que se les autoriza ingresar al país, “ha incumplido su obligación de asegurar el acceso efectivo al procedimiento de concesión de la protección internacional”.
Por su parte, la Comisión Europea señaló que quiere “analizar esta decisión detalladamente”.
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