“Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina”. Con esa frase —en una pieza audiovisual— es que el Gobierno impulsa la campaña a través de la cual busca validar la identidad de quienes reciben el programa social que se vio enmarcado en una importante polémica días atrás, cuando Infobae reveló un informe que detalló la existencia de casi 2.800 muertos que cobraban el plan y otros beneficiarios que tenían más de dos propiedades, entre otras anomalías.
El trámite —según precisó el ministerio de Desarrollo Social a través de un comunicado— es gratuito y obligatorio para todas las personas destinatarias del programa, se realiza a través de la aplicación Mi Argentina y hay tiempo hasta el 6 de enero de 2023.
“Estamos poniendo en marcha una auditoría de autogestión de comunicación y actualización de datos de todas las personas que hoy perciben el Potenciar Trabajo”, explicó ante este escenario Victoria Tolosa Paz, titular de la cartera.
“Esta medida no solo servirá para validar identidad de todas las personas que hoy forman parte de este programa —detalló la funcionaria—, sino también para conocer mejor las trayectorias educativas alcanzadas, y fundamentalmente la voluntad de continuar los estudios o formarse para el trabajo. Esto nos va a permitir redireccionar las políticas públicas en función de las actividades que realizan y los niveles de formación laboral que tienen”.
Tolosa Paz, vale recordar, había anunciado el viernes de la semana pasada que se daría de baja del Potenciar Trabajo a aquellas personas que presentaran irregularidades en los requisitos para ser beneficiaros. Según informó durante una conferencia de prensa aquella tarde, se trata de un 0,3% de casos.
Tal como adelantó este medio a principios de mes, un informe reservado de la AFIP —que por aquel entonces no había llegado al ministerio de Desarrollo Social— reveló que 253.184 beneficiarios del programa no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 —a valor noviembre— por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas eran en un principio: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.
El documento oficial también detalló que al menos “2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial” a través de familiares o terceras personas. El entrecruzamiento de datos también determinó que otros beneficiarios “tienen dos o más propiedades”, según las declaraciones de Bienes Personales presentadas en el marco del informe.
La difusión de los datos generó una importante polémica alrededor de la gestión del programa social, por lo que al mismo tiempo también se dio una intervención del Gobierno en el conflicto, además de la propia Justicia: el fiscal Marijuán pidió la suspensión y el reempadronamiento de los planes sociales otorgados irregularmente.
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