La justicia rusa comenzó a estudiar este miércoles la solicitud de la fiscalía de disolver el Centro de Derechos Humanos de Memorial, un día después de la decisión de la Corte Suprema de cerrar esta oenegé convertida en custodio de la historia de las víctimas del estalinismo.
El martes, este tribunal ordenó la disolución de Memorial International, la estructura clave que coordina la red de la organización en Rusia, y de sus antenas regionales por no respetar las obligaciones de su estatus de “agente del extranjero”.
Esta etiqueta, que recuerda a la de “enemigo del pueblo” en tiempos de la Unión Soviética, se reserva para organizaciones con financiación internacional que supuestamente actúan contra los intereses rusos.
En otro caso, la fiscalía también solicitó la disolución del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Memorial, acusado de apología “del terrorismo y del extremismo” y de violaciones de la ley sobre “agentes del extranjero”.
En el inicio de la audiencia este miércoles, un fiscal acusó a Memorial de apoyar “activamente” a organizaciones extremistas y organizaciones caratuladas de “agentes del extranjero”.
“Si nos disuelven, se confirmará que las acusaciones con fines políticos se han convertido en una realidad sistémica de nuestras vidas”, dijo de su lado ante el tribunal Alexander Sherkasov, que dirige el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la oenegé.
Según una abogada de Memorial, que no quiso relevar su identidad, no hay dudas de que la decisión final será similar a la de la Corte Suprema. “Es evidente”, dijo la letrada a AFP.
El director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, comparte este temor. “El gobierno ruso no quiere tolerar más el control objetivo y honesto de su comportamiento aportado por Memorial”, dijo en una declaración en video.
“Si lo que vemos en el espejo es demasiado horrible, la respuesta es cambiar de comportamiento, no romper el espejo”, añadió.
– Cronista de los crímenes estalinistas –
Estas acciones judiciales se enmarcan en un clima de creciente de represión contra aquellos percibidos como adversarios del Kremlin, ya sean oenegés, medios independientes o el movimiento del opositor encarcelado Alexéi Navalni, prohibido en junio por “extremismo”.
La persecución contra Memorial International, con gran prestigio en Occidente por su papel de cronista de los abusos en Rusia desde la época soviética hasta la actualidad, suscitó fuerte indignación en el extranjero. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló de una “persecución”.
Fundada en 1989 por disidentes soviéticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Andréi Sájarov, Memorial puso luz a los crímenes estalinistas y los gulags y tras la caída de la Unión Soviética se comprometió también con la defensa de los derechos humanos y las minorías en Rusia.
Durante las dos guerras de Chechenia en los años 1990 y 2000 reportó los abusos de las fuerzas rusas y sus aliados locales. En 2009, su responsable en esta región del Cáucaso fue asesinada en un crimen todavía no dilucidado.
Los partidarios del trabajo de la ONG consideran que el Kremlin quiere suprimir esta entidad para silenciar la historia en su estrategia para celebrar el heroísmo de la Unión Soviética frente a los nazis y minimizar las víctimas del estalinismo.
El mismo presidente Vladimir Putin acusó al grupo de defender “organizaciones terroristas y extremistas”.
En un comunicado el martes por la noche, Memorial International anunció que no arroja la toalla. “Impugnaremos la decisión de la Corte Suprema de Rusia de todas las formas posibles. Y encontraremos vías legales de continuar nuestro trabajo”, dijo.
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