Timochenko pidió ‘pista’ en la Jep para Salvatore Mancuso como testigo de la guerra en Cauca, Valle, Nariño y Urabá

El excomandante de las extinta guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, pidió “pista” para Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz, Jep, luego de las cuatro largas sesiones en las que el exlíder paramilitar respondió todo tipo de preguntas sobre el paramilitarismo en los años ochenta en Colombia y cómo recibieron información y apoyo de las autoridades de la Fuerza Pública colombiana y del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).

Timochenko resaltó que “la verdad completa debe contar con los aportes de todos los actores que participaron en el conflicto armado”, por lo que pedía una vinculación directa de Salvatore Mancuso a la JEP como testigo de los hechos criminales y violaciones de lesa humanidad el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca; en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas – Nariño; y en el Urabá antioqueño.

“Solicito que Salvatore Mancuso sea vinculado como testigo para el esclarecimiento de la verdad completa en los casos 02, 04 y 05 que juzgan las afectaciones territoriales generadas por el conflicto armado. Los lamentables hechos ocurridos en el departamento de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y la región de Urabá solo se pueden esclarecer estableciendo con claridad la participación del paramilitarismo armado, político y económico”, dijo en un video en Twitter.

“Las declaraciones de Salvatore Mancuso son prueba irrefutable de la responsabilidad del Estado y poderosos sectores económicos en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el paramilitarismo”, destacó Rodrigo Londoño (Timochenko).

Además, el exlíder de la Farc señaló que si Salvatore Mancuso está haciendo confesiones sobre los Casos 02, 04 y 05, la JEP no solo con el fin acoger a los beneficios de la JEP, sino como un acto en pro de la verdad.

“Hay quienes dicen que estas verdades ya eran conocidas y que Mancuso está reciclando confesiones hechas en justicia y paz para acceder a los beneficios de la JEP; si ello fuera cierto, estaríamos ante la más grande operación de impunidad porque no hay un solo presidente de la República, gremio industrial, organización ganadera o representante político, que haya sido sancionado por apoyar, promover y ocultar las atrocidades de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)”. dijo Timochenko.

Mancuso tiene 30 días para aportar pruebas sobre sus acusaciones en la JEP

Durante cuatro días de audiencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz ―JEP―, el exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, hizo diversas acusaciones y revelaciones sobre los nexos de distintos sectores de la sociedad y las fuerzas armadas con el paramilitarismo.

Ya finalizadas las diligencias tendrá 30 días hábiles, contados a partir de este miércoles 17 de mayo, para que entregue todas las pruebas e información puntual sobre los hechos que relató durante las audiencias.

Se le pidieron nombres de empresas y movimientos políticos que estuvieron vinculados con la estrategia de expansión paramilitar en la subregión del Urabá Antioqueño y en el departamento de Córdoba, que debe incluir nombres completos y roles.

Le solicitaron igualmente los nombres de empleados de Postobón y Ecopetrol que tuvieron supuestamente relaciones con las AUC y estuvieron implicados en la masacre en Turbaco, así como los responsables de alterar los antecedentes en el extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y sus víctimas.

También debe incluir una carpeta con la documentación sobre la constitución de las cooperativas de vigilancia Convivir y el listado que entregó la Brigada de Infantería de Marina N° 1 en Montes de María, en donde estén identificadas las personas que hacían parte de inteligencia militar.

Así mismo, debe entregar los nombres de los militares venezolanos que estuvieron vinculados con el conflicto colombiano en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Por otra parte, la JEP iniciará un proceso de contrastación de lo que dijo el exlíder paramilitar, en el que se pretende verificar si realmente “hizo aportes efectivos, suficientes y novedosos, que permitan contar con elementos suficientes para resolver sobre su sometimiento ante la jurisdicción”, explicaron los magistrados.