El nuevo director del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), Pablo Barrera, anunció la suspensión de un contrato valorado en 95.000 millones de pesos. Este contrato estaba destinado a la implementación de energía solar en comunidades vulnerables del Caribe colombiano.
La empresa beneficiaria era la unión temporal Energiza, compuesta por Iluminación Moderna, Entel y Enecon, ha sido directamente afectada por esta decisión. Sin embargo, la suspensión no llega sin razón: existe una presunta conexión entre estas empresas y Euclides Torres, quien está en el centro de acusaciones por financiamiento irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro.
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El representante a la Cámara por Santander del partido Alianza Verde Cristian Avendaño reveló que, además de la financiación dudosa de la campaña presidencial, existen contratos amañados que podrían haber beneficiado a empresas vinculadas al entorno de Torres. Estos contratos representarían una cifra alarmante de más de 180.000 millones de pesos, equivalente a la mitad del presupuesto destinado para la transición energética del Gobierno de Petro.
El escándalo se ha intensificado con la confirmación de Nicolás Petro, quien estuvo a cargo de la campaña Petro presidente que Euclides Torres financió un evento político de Gustavo Petro en Barranquilla, lo que ha avivado las sospechas sobre una relación poco clara entre el empresario y el jefe de Estado.
El Congresista Avendaño ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, exigiendo una investigación exhaustiva sobre estas prácticas corruptas.
“Esto sucede tras las tres acciones jurídicas que interpusimos ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”, declaró Avendaño, quien ha liderado la lucha contra lo que describe como “presuntos amarres y modificaciones de requisitos legales para favorecer a ciertas empresas”.
Este último giro en el escándalo de la Transición Energética ha sacudido los cimientos del gobierno de Petro y ha generado un llamado urgente a la transparencia y la rendición de cuentas en la asignación de contratos públicos.
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