La regidora Rosaura Ruiz anunció este martes que presentará una solicitud al ministerio del Interior para que declare en emergencia a la provincia de Chincha (Ica) después de que el alcalde César Carranza fuera atacado a balazos en una vivienda donde celebraba una reunión familiar por Año Nuevo.
En diálogo con RPP, la concejala denunció que la inseguridad ciudadana y la delincuencia se ha incrementado en la jurisdicción, donde los agentes policiales no cuentan con logística para enfrentar la problemática. “Verdaderamente, estamos viviendo una etapa de terror, se siente el vacío y falta de autoridad, de protección. Queremos que la Policía tome acciones, pero no hay patrulleros en Chincha”, señaló.
Según el acta policial difundida por la emisora, el burgomaestre detalló que al menos tres delincuentes irrumpieron en la propiedad de su familia, redujeron a sus parientes y abrieron fuego al notar que iba a pedir ayuda. Uno de los disparos impactó en su brazo izquierdo.
“Cerca de una de la madrugada mi hermana ingresó desde la terraza gritando: ‘nos están asaltando’. Entonces, salí y he llamado al Serenazgo para que se comunique con la comisaría. A uno de mis hermanos lo estaban golpeando, a mi cuñado lo estaban arrinconando”, contó Carranza desde el Hospital San José, donde fue atendido y dado de alta a la mañana siguiente.
“A la hora que he arrancado el auto y he empezado a retroceder, una de las balas me ha entrado por el brazo. Fue de entrada y de salida, felizmente, y otro ha caído en el teléfono. He llegado hasta el portón de salida del condominio, y como estaba cerrado, he regresado”, añadió.
Los atacantes se llevaron carteras, celulares, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Aunque se dieron a la fuga, el equipo de Criminalística de la PNP llegó hasta el condominio para recabar información que permita identificarlos. Ocurre en una provincia que solo en el primer día de 2024 registró veinte muertes producto de la inseguridad, según un despacho de Exitosa.
A la fecha, el estado de emergencia se encuentra vigente en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince, así como en otros siete de Piura, pese a que la Defensoría del Pueblo ha considerado que la medida “no es suficiente” para enfrentar la criminalidad.
Ica, región a la que Chincha pertenece, cerró el año con 110 crímenes, la mayoría por ajuste de cuentas y sicariato. Esta cifra, consignada por el Ministerio del Interior, la posiciona en el tercer escaño de los puntos con más hechos de sangre a nivel nacional, después de Lima (540 decesos) y La Libertad (160).
En octubre pasado, Carranza ya había denunciado amenazadas después de iniciar trabajos de ordenamiento y limpieza en las zonas donde se prohíbe el comercio ambulatorio. “Como alcalde jamás hice público este accionar de personas de mal vivir. No daré marcha atrás en los trabajos de recuperación de vías y espacios públicos de nuestra ciudad”, dijo entonces en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Autoridades en la mira
La semana pasada, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, fue amenazado de muerte mediante un arreglo fúnebre dejado en la puerta de su casa. Junto a las flores, los efectivos hallaron una granada tipo piña y un mensaje que advertía: ‘Déjanos trabajar o quieres que La Victoria se quede sin alcalde’.
Cano, quien también lideró operativos para erradicar el comercio informal en la jurisdicción, fue respaldado por la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que le brindaría garantías. “Al alcalde de La Victoria con sumo gusto lo recibo y vamos a darle toda la seguridad necesaria. Debemos mantenernos firmes y responder ante la delincuencia, porque estos sinvergüenzas no nos van a ganar la moral, ni la valentía”, dijo en una rueda de prensa.
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