Solicitan al CNE investigar presunta corrupción en los contratos del Metro de Bogotá

La Red de Veedurías ciudadanas radicó la primera solicitud de investigación tras el escándalo por presunta corrupción en los millonarios contratos del Metro de Bogotá.

Dicho escándalo se dio tras la revelación de la Revista Semana, de unos audios en los que un hombre habla de millonarios aportes que se hicieron a “los verdes” entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones para el Congreso, a cambio de favorecer contratos de la megaobra del Metro.

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Esta persona sería José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, quien sostuvo una conversación con un ciudadano chino identificado como William o Dong, en la cual reveló un pago de coimas por más de $10.000 millones.

De esta cifra, unos $6.000 millones irían al Partido Verde para financiar campañas políticas al Legislativo. En los documentos y audios conocidos por el medio ya citado, se hacen varias menciones a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano.

Los aportes se habrían realizado por parte de contratistas chinos que, de acuerdo con las conversaciones, querían quedarse con los contratos del Metro de Bogotá.

“Él lo que está haciendo es lo siguiente, le están girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares, para la campaña del congresista (…) porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso; eso es lo que observé y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el metro”, se escucha en las interceptaciones que conoció Semana.

A través de un radicado, el presidente de la veeduría, Pablo Bustos Sánchez, pidió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Fabiola Márquez Grisales, que se ordene una investigación para conocer si los implicados en el escándalo incurrieron en irregularidades en sus campañas políticas.

De acuerdo con la Red de Veedurías Ciudadanas, los hechos que pide sean investigados afectan tanto el erario público, como la moralidad administrativa. Además, van en contra de la transparencia electoral y contractual, las reglas de financiamiento de campañas, la legalidad de sus fuentes, el monto de tope máximo al interior de las mismas, la licitud de los dineros, la regla de igualdad democrática y la veracidad de los reportes de las campañas.

“Se solicita, se sirva investigar la campaña al Congreso de la República del Partido Verde, para el actual periodo constitucional, 2022-2026, realizadas en marzo de año precedente, en particular sus fuentes de financiamiento, violación de topes y eventual uso de recursos públicos en la misma especialmente en la aspiración de la candidata al senado Angélica Lozano, cónyuge de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, derivado de los señalamientos del presunto desembolso de coimas multimillonarias, procedentes de la adjudicación del Metro de Bogotá”.

La Fiscalía General de la Nación, encargada de adelantar la investigación por los presuntos hechos de corrupción en los contratos del Metro de Bogotá, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, debido a que en el caso está involucrada la congresista Angélica Lozano.

La respuesta de la alcaldesa Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a los señalamientos sobre presunta corrupción en la contratación del Metro diciendo que “no va a ceder ante presiones o difamaciones”

En un comunicado, la mandataria advirtió que el contrato para la construcción del Metro se firmó en la administración de Enrique Peñalosa, y dicho proceso fue resultado de una “licitación internacional y ha sido ampliamente supervisado por instancias de control nacional y de transparencia de la banca multilateral”

“Una retahíla de rumores de unos sujetos tomando whisky en Yopal sobre supuestos pagos indebidos en 2022 de un contrato que en realidad licitó y firmó la anterior administración en 2019 para la primera línea del metro sólo pretende difamar y sembrar un manto de duda sobre mi persona, mi Alcaldía, mi partido el Verde, y el Metro de Bogotá”, indicó López.

Agregó que, durante su administración, no se ha llevado a cabo ningún proceso contractual relacionado con la primera línea del Metro.

“Solo se hace seguimiento al cumplimiento del contrato de concesión de 2019. En ejercicio de esa labor le impusimos una multa de $1.885 millones al contratista MetroLinea1 por incumplimiento del plazo de entrega de los estudios de detalle”.