Una masacre durante un supuesto ajuste de cuentas entre dos células enfrentadas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, se volvió todo un misterio. A dos días de que hombres armados fusilaran a una multitud que se encontraba en un velorio en el poblado de San José de Gracia, y de que varias imágenes y videos dieran cuenta de ríos de sangre y cuerpos llevados en la batea de una camioneta, ni un solo cadáver ha sido hallado por las autoridades.
Los reportes de la prensa local han calculado entre 10 y 17 víctimas mortales, pero las autoridades de Michoacán dijeron que todavía es una afirmación muy “temprana” dar por hecho tales cifras. “No podemos confirmar ningún número porque no hay ningún cuerpo”, dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja. El propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que aún no se cuenta con información suficiente que pudiera comprobar la supuesta masacre y reprochó la “desinformación” generada sobre el crimen y los ataques “empeñados” del conservadurismo.
El gobierno de México reveló este martes 1 de marzo que imputaron al capo Abel “N”, alias El Viejón o El Toro, por la presunta masacre ocurrida el domingo en Michoacán, aunque todavía siguen sin poder confirmar el número de muertos. “Llama la atención, y es parte de la investigación, que estos sujetos arriban al lugar de los hechos también con el instrumental para poder inyectar agua y tratar de borrar evidencias, lo cual es totalmente atípico y se va a investigar”, manifestó Mejía.
“La historia que tenemos es una profunda incapacidad de las fiscalías para hacer investigaciones profesionales de los delitos, en especial de aquellos de alto impacto”, dijo a Infobae Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (Ibero). “Si encima quienes cometen estas masacres alteran el lugar de los hechos y además retiran los cuerpos, para todo efecto práctico desaparece el delito. Al desaparecer los cuerpos, desaparece la contabilidad de los homicidios y se neutraliza la de por sí escasa capacidad de las fiscalías para investigar”.
El experto en seguridad pública hizo hincapié en que desde hace tiempo se terminó el relato que aseguraba que el homicidio violento no tenía cifra oscura. “Lo dijimos desde hace mucho, pero nos dijeron que exagerábamos. Hoy es evidente. ¿De qué tamaño es la cifra oscura del homicidio violento? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que hay estados de la república en los que hay más desapariciones que homicidios registrados”.
Precisamente el municipio de Marcos Castellanos se encuentra ubicado en la frontera de Michoacán con Jalisco, el estado de México con mayor número de personas que han sido desaparecidas, al sumar poco más de 15 mil casos, de acuerdo con los datos del gobierno de la entidad.
¿A quién beneficia la desaparición de los cuerpos?
El hecho de que no halla muertos en la escena de la masacre impide contabilizar los homicidios y llevar a cabo las primeras investigaciones, pero aún así pocos los que hoy se atreven afirmar que las autoridades representan una de las partes beneficiadas. Nadie quiere pensar que al propio Estado le conviene que los cuerpos no aparezcan —puesto que su función primordial es protegernos—, aunque para algunos sea ya casi una obviedad. Para López Portillo, lo que es una verdad absoluta es que la sociedad en general es la parte más afectada, puesto que la desaparición de cuerpos no hace otra cosa más que abonar aún más la impunidad.
“La delincuencia organizada en este momento funciona con la certeza de la impunidad en prácticamente todo el país. Ya tenemos una impunidad histórica, el promedio de la impunidad en México es del 90%, pero eso ya lo sabemos. Ahora se suma esta otra creciente expresión de la delincuencia que es la desaparición de cuerpos”.
Lo más grave de toda esta situación, según el especialista, es que las autoridades renuncien a las investigaciones de homicidios violentos debido a la falta de cadáveres.
“Eso es lo más grave de todo lo que nos puede pasar. Eso sí tendría que quedar claro porque haga lo que haga la delincuencia, el Estado se supone que actúa en nombre de todos. Si las autoridades dicen que no pueden investigar porque no hay cuerpos, estamos perdidos. Y de esta forma la delincuencia organizada aprende —si no es que ya lo hizo— que lo único que tiene que hacer para que no haya ningún acto de investigación es desaparecer los cuerpos”.
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