En el Mercado Izcalli en Tepalcapa, aproximadamente 60 locales comerciales fueron desalojados en una acción llevada a cabo por un grupo de individuos acompañados por agentes de la policía municipal. La mercancía de estos comerciantes fue sacada y trasladada a la calle Tonatico, en la colonia Tepalcapa.
La decisión de este desalojo, que levantó quejas en la comunidad local, se basa en una supuesta orden de un juez en el contexto de una disputa legal por la posesión de estos locales. Un actuario con acreditación del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) avaló la operación, lo que ha agudizado las preocupaciones y cuestionamientos en torno a la legalidad y la transparencia del proceso.
La versión oficial sostiene que el desalojo fue llevado a cabo siguiendo un mandato judicial, sin embargo, la comunidad de comerciantes afectados asegura no haber sido notificada previamente sobre esta medida.
Esta falta de aviso dejó a los comerciantes en una situación de desventaja, ya que muchos no tuvieron tiempo suficiente para rescatar su mercancía antes de que se llevará a cabo el desalojo.
En respuesta a la operación, algunos comerciantes optaron por tomar la iniciativa y retirar por sí mismos sus productos y mobiliario de los locales, en un intento por evitar su confiscación. Este desalojo abrupto no solo interrumpió las operaciones regulares en el Mercado Izcalli, sino que también generó una sensación de temor y preocupación tanto entre los comerciantes como entre los clientes presentes en el lugar.
¿Qué sucederá ahora con los locatarios?
A pesar de la versión oficial que argumenta una orden judicial, la falta de notificación previa y la forma en que se llevó a cabo el desalojo han generado cuestionamientos sobre la legitimidad y el procedimiento de esta operación. La inquietud se ha extendido por la comunidad, alimentando el debate sobre si se siguieron los protocolos adecuados y si se respetaron los derechos de los afectados.
La incertidumbre ahora gira en torno a las acciones que tomarán los comerciantes afectados en respuesta a esta situación. El desalojo también tuvo un impacto directo en la rutina de los clientes habituales del Mercado Izcalli.
La interrupción inesperada de las operaciones comerciales dejó a muchos de ellos preocupados por el futuro de los comerciantes que fueron desalojados. La incertidumbre sobre cómo este acontecimiento repercutirá a largo plazo en el comercio local y en la comunidad en general agrega un elemento de preocupación a la situación.
(@FernandoCruzFr7)
¿Qué ley regula los desalojos en México?
Los desalojos pueden ser el resultado de diversas razones, desde el incumplimiento de pagos hasta disputas legales por la posesión de la propiedad. Sin embargo, la transparencia y la ejecución justa de estos procesos son fundamentales para evitar la confusión y el descontento que rodean el desalojo en el Mercado Izcalli.
En México, los propietarios deben seguir la ley de desalojo de vivienda presente en el código penal y civil vigente. Esta ley obliga a los propietarios a dar a sus inquilinos un preaviso de 90 días antes de desalojarlos. El propietario debe entregar una notificación al inquilino para lograr el despojo del inmueble con al menos 3 meses de antelación.
La notificación suele incluir la fecha en que el inquilino debe desalojar la vivienda, el motivo del desalojo y los datos de contacto del propietario. Es importante tener en cuenta que, aunque el inquilino no firme la notificación de desalojo, sigue siendo legalmente vinculante.
Si el inquilino no abandona la vivienda luego de ser notificado por escrito, se puede iniciar una demanda legal presentando una queja en la corte o tribunal. Se deberá entregar una citación al inquilino y una copia de la queja. Debes tener en cuenta que estos procesos se deben abonar, por lo que tendrás algunos gastos extra.
En caso de que el propietario e inquilino no lleguen a un común acuerdo, pueden ir a juicio. Obviamente, no es la opción más recomendada para ninguna de las 2 partes, ya que se invierte tiempo y dinero.
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