La resultados poco favorables de la consulta popular del 1 agosto, hicieron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dejara clara una “renovación tajante” a organismos electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Todo, bajo el argumento de que estas instituciones no estaban “haciendo bien las cosas”.
“Los ataques del presidente indican que la reforma electoral será inevitable”, pronosticó el ensayista venezolano Alberto Barrera Tyszka en The New York Times. Además, recordó que los conflictos del tabasqueño con la autoridad electoral se remonta a las elecciones del 2006, cuando López Obrador fue candidato presidencial por primera vez. Tras perder, el tabasqueño se negó a aceptar la derrota y convocó a una fuerte movilización ciudadana proclamándose como presidente “legítimo” del país.
Sin embargo, aseguró el comunicador, “los organismos electores —frágiles y perfectibles— permitieron, la alternancia política en el año 2000 y, después, la llegada al poder del propio AMLO”.
El objetivo de presentar un debate plural sobre una posible reforma el electoral no representa un riesgo inminente para el ensayista. “Siempre y cuando no se trate de volver al pasado por otros caminos y con otros nombres, construyendo un proyecto hegemónico (…) que pretenda implementa una sustitución de élites, la creación de una nueva ‘mafia del poder’”.
Por otro lado, la fuerza impulsora del argumento del presidente, aseguró Barrera Tyszka, esta fuertemente influenciada por las teorías de “fraude electoral” que han permeado a México en los ejercicios democráticos. “Los cuestionamientos de López Obrador caen en un terreno fértil”, señaló. “en un país donde la mayoría parece pensar y sentir que la relación más segura y confiable que se puede establecer con el Estado es la sospecha”.
Finalmente, el comunicador recalcó que la hipótesis de un fraude “pierde fuerza cuando quien la elabora es un ganador”, por lo que consideró necesario que la oposición, los movimientos sociales, las organizaciones civiles y los ciudadanos estén fuertemente involucrados en el debate para evitar que la “revolución institucional” termine por consolidarse como una nueva mafia del poder.
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