Foto: Facebook Juan Carlos Abadía
La Fiscalía General de la Nación ya le había imputado al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, cargos por presunta participación en una red que se había construido en la Corte Suprema de Justicia para amañar procesos judiciales; incluso, se le acusa de haberle pagado a un fiscal para que no adelantara las investigaciones de un proceso en su contra. Sin embargo, el exfuncionario se declaró inocente.
En ese sentido, Abadía fue vinculado formalmente a una investigación enmarcada en el escándalo del Cartel de la Toga, esto por haber sido uno de los supuestos beneficiados de los sobornos que se originaron desde el alto tribunal.
Según la Fiscalía, cuando era gobernador del Valle trató de amañar un proceso penal que cursaba en su contra por corrupción. En ese sentido, el fiscal del caso indicó que él pagó “para que las investigaciones en su contra fueran archivadas, para que no se realizara imputación y no se pidiera medida de aseguramiento” al momento de señalarle los cargos por los cuales será indagado.
Dichas pesquisas tienen su núcleo en unos sobornos hechos al exfiscal Alberto Bettin a través del exabogado, Luis Gustavo Moreno, quien posteriormente fue nombrado como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. En ese orden, fue capturado en 2017 por recibir un soborno.
Concretamente, el 16 de junio de ese año, Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, le entregó a Moreno la suma de 10 mil dólares. Dicha transacción se llevó a cabo en el Dolphin Mall de Miami.
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Posteriormente, cuando Moreno fue investigado, decidió colaborar con la justicia y terminó convirtiéndose en el principal delator del Cartel de la Toga, descubriendo así el entramado de sobornos para acomodar procesos adelantados en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en contra de congresistas.
Ahora, con respecto a la imputación de cargos a Abadía por parte del fiscal Saagia Klinger, este afirmó que se llegó a un acuerdo con Bettín “que se retardaría el avance de las investigaciones, que se le entregaría información privilegiada a estas personas”, obteniendo a cambio la permanencia de Bettín como fiscal delegado ante la Corte.
Así las cosas, se le imputa el delito de cohecho en calidad de coautor; es decir, habría pagado coimas a funcionarios públicos dentro del ejercicio de su cargo. Incluso, el funcionario que lidera el caso le criticó al exgobernador Abadía que no solamente era una persona reconocida en el departamento donde fue elegido como mandatario regional, sino que también “ocupaba un lugar privilegiado en la sociedad”.
Dadas estas circunstancias, y bajo el concepto de la Fiscalía, dicho reconocimiento del procesado podrían agravar su pena en caso de obtener una condena. En contraparte, su defensa reiteró en la audiencia que no sabía en qué consistía el Cartel de la Toga y, por eso, el delito no se configura.
Dichos reclamos fueron rechazados por el juez de control de garantías y, de paso, le insistió al fiscal que aclarara quiénes fueron las otras personas que habrían colaborado con Abadía para la supuesta comisión de los cargos por los cuales está siendo investigado. Ante esto, el funcionario mencionó, además de Moreno, a Francisco Javier Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema.
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