El Consejo departamental de Paz de Norte de Santander advirtió que en el departamento se está cimentando el secuestro simple y extorsivo, pese a que el Gobierno nacional está implementando la Paz Total, que es con la que pretenden desarmar a las estructuras delincuenciales que siembran el terror a lo largo y ancho del país.
En diálogo con la emisora RCN Radio, representantes de la citada entidad, advirtieron que esos delitos son cada vez más comunes en los municipios y veredas nortesantandereanas. Sin embargo, aseguran que este panorama no es nuevo y alertan que, desde hace más de cinco años, el secuestro se está convirtiendo en pan de cada día de su región y solicitan rápidas acciones del Estado colombiano.
Es más, de acuerdo con Enrique Pertuz, presidente del Consejo departamental de Paz de Norte de Santander, el secuestro en Norte de Santander, en diferentes de sus modalidades, sigue enmarcando a ese departamento como el que más lo sufre en Colombia “en los últimos cinco años”, advirtió, a su vez que reveló que, anualmente, se conocen entre 60 y 67 secuestros tanto simples como extorsivos.
Diferentes defensores de derechos humanos en ese sector del país, además, aseguraron que pocas veces se le da relevancia a ese delito y exhortó tanto a la opinión pública, así como al Gobierno, a tomar acciones cuanto antes para garantizar la seguridad de los habitantes de ese departamento.
“Parece que a las autoridades, tanto civiles como militares esto (secuestros) es de poca monta; estamos hablando de secuestros, un delito de lesa humanidad, y este año el departamento ya ha sido estremecido, ya por tres secuestros en menos de 40 días”, aseveró Enrique Pertuz a la citada emisora.
Inclusive, le piden a la Fuerza Pública que garanticen operativos que permitan que las víctimas “vuelvan sanas y salvas al seno de su familia”. Además, les pide a las autoridades que le den la importancia requerida al tema porque, a tan solo 14 días del 2023, según dijo Pertuz, varios civiles, policías y otros habitantes de Norte de Santander, han sido retenidos de manera ilegal.
Los casos sin resolver
Uno de los casos que el Consejo departamental de ese departamento advirtió es que, desde hace más de 2 años, hay ciudadanos de los que no se conoce más información de su paradero. Por ello, solicitaron rápidas acciones para que vuelvan a sus hogares. Las identidades de las víctimas son: Norayma Carrascal Picón, Mauricio Bohórquez y Evangelista Bohórquez.
Sobre Carrascal Pinzón se sabe que era la líder de las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Ocaña. El crimen, de acuerdo con las autoridades, lo perpetró un grupo de hombres armados cuando la víctima se movilizaba en la vía que conduce de la zona que se conoce como El Limón hacia el corregimiento de Aguas Claras, en la esa conflictiva región nortesantandereana.
Según los habitantes del sector, Carrascal también es reconocida por la comunidad de Ocaña como una lídere social quien también cuenta con una microempresa con sede en Aguas Claras.
Sobre los hombres Bohórquez, que hacen parte de una misma familia, se sabe que, en el caso de Evangelista, lo secuestraron en pleno inicio de la pandemia cuando se movilizaba junto con su compañera sentimental y uno de sus hijos en el corredor vial entre Ocaña y Río de Oro (Cesar). Allí un grupo de hombres armados se lo llevaron a la zona montañosa del Catatumbo.
Su pariente, Mauricio, fue secuestrado el pasado 25 de octubre de 2022, también en la población de Aguas Claras por otro grupo de hombres armados.
Estos casos se suman al de un ciudadano norteamericano, identificado como Abraham Coakley, de cuyo paradero no se tiene rastro desde que se fue de viaje a Cúcuta, tras haber llegado de Bogotá.
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