“Se viene una legislatura pobre y con un gobierno que se quedó sin oxígeno”: entrevista con el analista Esteban Salazar

En la imagen un registro del presidente de Colombia, Iván Duque, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo
En la imagen un registro del presidente de Colombia, Iván Duque, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo
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Los hechos ocurridos en la rama legislativa el pasado 20 de julio han sido objetos de análisis, no solo por la interpretación del discurso del presidente Iván Duque sino las grietas que se evidenciaron en las bancadas de la oposición a un año de las elecciones a Congreso y Presidencia.

En diálogo con Infobae Colombia, Esteban Salazar, de la Fundación Paz y Reconciliación, analiza la posesión de la legislatura llevada a cabo el día de la independencia, los cuestionamientos sobre los presidentes del Senado y Cámara y la división en la oposición tras la no elección de Gustavo Bolívar como segundo presidente de la cámara alta; las perspectivas sobre estos hechos y la influencia de los mismos de cara a unas próximas jornadas electorales, las cuales empiezan en menos de un año.

Infobae Colombia: ¿Qué expectativas tiene sobre sobre la nueva legislatura y los principales proyectos de ley propuestos por el Gobierno Nacional como el de ‘Matrícula Cero’, la Ley antidisturbios, la reforma policial, la prohibición del fracking y la reforma constitucional que busca prolongar el periodo de los congresistas?

Esteban Salazar (ES): Las expectativas son desesperanzadoras, teniendo en cuenta que se instaura una legislatura con un Congreso que llega con un 88% de desfavorabilidad, una imagen negativa idéntica a la del ELN en este momento; un Congreso que llega con unas mesas directivas a cargo de dos personas sumamente cuestionadas: Juan Diego Gómez, del Partido Conservador en el Senado y Jennifer Arias en la Cámara de Representantes por el Centro Democrático; ambos con cuestionamientos graves sobre temas de ‘volteos’ de tierras, asocio con ‘narco pilotos’ y narcotráfico, entre otros asuntos.

En esta legislatura que empieza, se observa que existe una agenda legislativa muy pobre, una que promueve la reforma tributaria que generó el estallido social del 28 de abril, la cual ya ha sido modificada pero que sigue sin generar garantías suficientes para la reactivación económica y para un recaudo con medida de progresividad y de justicia social.

¿Y la reforma a la salud?

ES: Hay pendiente una reforma a la salud que, en el peor momento de la historia de la crisis sanitaria que vivimos a raíz de la pandemia, hoy genera grandes inquietudes. Esta reforma no ha planteado grandes cambios, según expertos del gremio y más bien acentúa el modelo privado de las EPS que ha generado grandes problemas en la atención de cobertura y de calidad de la salud en el país.

Otra reforma que se plantea es la ley antidisturbios, una que incumple con las observaciones y recomendaciones de la CIDH, que va en contra de sentencias de la Corte Constitucional, la cual ha establecido que la regulación de la protesta social no puede ir más allá de las libertades sociales y colectivas para poder manifestarse abierta y pacíficamente en un Estado Social de Derecho que respeta la libertad; sumado a que también hay un desarrollo muy amplio dentro del Código Penal sobre las sanciones que establecen los hechos que alteren el orden público en Colombia y que no necesitan una ley adicional porque eso no resuelve absolutamente nada.

Además de eso, hay una agenda legislativa ausente, que es una agenda que no ha promovido una reforma política a profundidad y que también está en deuda con el Acuerdo de Paz, con el paquete legislativo para el asunto de tierras, para el tema de solución a las drogas ilícitas, para el tema de los programas especiales de reincorporación y normalización en los territorios, así como el combate de estructuras de talante paramilitar que hoy han hecho presencia a nivel urbano con los asesinatos de jóvenes manifestantes en Colombia y que hemos visto recientemente.

Profundicemos sobre las elecciones de Juan Diego Gómez y Jennifer Arias como presidentes de Senado y Cámara de Representantes, a pesar de los antecedentes que ambos tienen.

ES: Estas elecciones denotan lo que ha sido la degradación de estas altas dignidades en la rama legislativa que, se supone, ellos tienen una función sumamente importante para el tema del trámite de las normatividades, pudiendo establecer el orden del día de los proyectos y reformas constitucionales, así como la promoción de debates de moción de censura y está en manos de un tipo como Juan Diego Gómez, cuya familia ha estado cuestionada por temas de ‘volteos’ de tierras; cabe recordar que su papá, denominado alias ‘la ballena’ fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por apropiación ilegal de tierras en Niquía y en Bello -Antioquia-; él murió en 2013 en la cárcel pero su familia ha asumido ese pleito de tierras que tienen ante la Corte Suprema de Justicia desde ese momento.

¿Y desde la fundación Paz y Reconciliación qué han indagado sobre este tema?

ES: Hemos hecho advertencias de cómo, en un sofisticado mecanismo de corrupción durante la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez por medio del Instituto de Desarrollo de Antioquia, así como por medio de una empresa creada de manera ficticia para evadir la Ley de contratación pública denominada ‘Valor más’. Incluso, la esposa de Juan Diego Gómez, la señora Elizabeth Zapata, fue la secretaria de esa empresa y era una de las artífices de los hechos irregulares de apropiación de recursos públicos en Antioquia en conjunto con Luis Pérez.

Ese prontuario de Juan Diego Gómez es el que ahora lo rodea, y ahora fue elegido presidente del Senado y sobre eso no existe ninguna garantía ni para la oposición ni para proyectos de reformas serias que necesita el país, y mucho menos existen garantías para la democracia en Colombia.

Y ni qué decir de Jennifer Arias, quien de acuerdo con investigaciones que hicimos desde la Fundación Paz y Reconciliación, encontramos que ha sido una de las aliadas en el departamento del Meta, de los ‘narco pilotos’ que han sido encontrados responsables, por un lado, de los cargamentos del Cartel de Sinaloa en Centroamérica, más exactamente cuando cayó un primer avión, caso que está relacionado con el marido de Alejandra Azcárate, donde se descubrió que cargaban cocaína en los que fueron denominados ‘vuelos humanitarios’ promovidos precisamente por Arias y que había coordinado desde la campaña presidencial de Iván Duque en el departamento del Meta. Qué se puede esperar entonces de dos congresistas que están rodeados en temas de volteos de tierras, apropiación burocrática a nivel de recursos públicos y de incluso, relaciones con narcotraficantes porque el hermano de Jennifer Arias fue condenado por narcotráfico también, siendo piloto, y su papá fue condenado por hechos de homicidio en el Meta; así que en ese orden, no existe ninguna garantía a nivel democrático en el Congreso por medio de la presidencia de estas dos personas.

Otro tema que generó aplausos y polémicas fue el discurso del presidente Duque sobre todo en temas como la violencia en el Paro Nacional y el apoyo a la Fuerza Pública, la promesa de reconstruir Providencia al terminar su mandato y la implementación de los Acuerdos de Paz. ¿Qué análisis podría dar sobre lo mencionado por el mandatario?

ES: Sin duda alguna el discurso del presidente en la instalación de esta última legislatura fue uno que está totalmente desconectado con la realidad nacional, un discurso que justamente va en contravía de lo que son las estadísticas actuales de las encuestas de desfavorabilidad; fue un discurso de un presidente con el 79% de imagen negativa, la más alta en la historia de este país, y dicho a un Congreso con el 88% de imagen negativa. Fue un discurso en que los congresistas aplaudían sobre resultados y metas de unos programas que no se han cumplido y que no se ven por ningún lado. Esa desconexión también tiene unos puntos importantes, en la cual no solo se refleja la imagen negativa que hay dentro de la opinión pública y las encuestas, sino también de la imagen que hay a nivel internacional hacia Iván Duque y este gobierno. El presidente sale a hablar de forma vacua sobre unas promesas como si siguiera haciendo campaña presidencial cuando él tiene el cargo de jefe de Estado y también como jefe de una fuerza pública que ha cometido violaciones a loa derechos humanos, de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en estos últimos tres años, y pareciera también que no quiere reconocer, en absoluto, los problemas que hay a día de hoy sobre los excesos por parte de la Fuerza Pública, tema sobre el cual dijo que se deben hacer algunas reformas pero que realmente no tiene ninguna capacidad de reconocer que dentro de su labor se deben hacer unos cambios estructurales en la Fuerza Pública.

También habló -Duque- sobre la reactivación económica y el Plan Nacional de Vacunación

ES: Con respecto a ese tema, es evidente que no existe ningún tipo de relación entre el crecimiento económico con las cifras que se presentan por parte del Dane y el Departamento Nacional de Planeación y el discurso que planteó. Respecto al sector salud, habló sobre un Plan de Vacunación que empezó tarde y que no ha respondido con las leyes de transparencia, ya que de acuerdo con la fundación Paz y Reconciliación no ha dado respuesta sobre el manejo irregular de las empresas que han estado vinculadas a presuntos hechos de corrupción en el manejo de la vacunación en el país. Tampoco existe un discurso de conciliación; por el contrario, plantea el presidente una intromisión, casi que raya en la ilegalidad de hechos políticos en los que menciona, textualmente, que ‘humildemente no se debería escoger el camino del odio en 2022’ y eso es una intromisión a nivel político electoral para determinar o direccionar el voto de las personas en las próximas elecciones.

En conclusión, es un discurso que carece de sentido, de sensatez, de cifras que respalden toda la cantidad de supuestos programas, de datos e información que fue dada por el presidente; parecía más un discurso de campaña siendo ya presidente. Cabe mencionar que las últimas legislaturas son las más difíciles de llevar a cabo porque son aquellas en las que los congresistas están buscando su reelección, nadie está pensando en temas legislativos o en dar trámites a grandes reformas. Se viene entonces una legislatura muy pobre, con un gobierno que se quedó sin oxígeno y lo único que presenta es un país empobrecido, un país con crisis de seguridad, crisis social, económica y sobre la cual no hay un punto de conciliación ni garantías para la oposición.

Finalmente, con la no elección de Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente del Senado se volvió a evidenciar que hay profundas divisiones en la oposición. ¿Qué influencia puede tener este episodio de cara a unas próximas elecciones legislativas y presidenciales?

ES: Sobre el altercado que se presentó en la elección de la segunda vicepresidencia del Senado de la República, en los partidos de la oposición de pueden notar dos cosas: por un lado, que el gran ganador de esta pelea es el uribismo, la derecha, los clanes políticos y los sectores tradicionales que se regocijan al ver cómo la oposición se sigue descuartizando ante una peleas de unos acuerdos políticos que supuestamente se incumplieron, pero que resultaron favoreciendo la división dentro de los partidos de oposición; y segundo, hubo una falta de acuerdos por parte de esa bancada que se encuentra tan dividida, para un proceso que de acuerdo con el estatuto de oposición, primero se debe escoger, para esas mesas directivas, a un miembro que no se puede repetir con relación a años anteriores; ya las habían ocupado previamente miembros del partido Comunes, el Polo, el Partido Verde, y en esta ocasión tendría que haber quedado para Gustavo Bolívar por unanimidad, de acuerdo con el estatuto.

Como ese proceso no se dio por unanimidad, según las votaciones, en la elección lo que se observó fueron dos cosas muy graves: por un lado, el petrismo y la Colombia Humana votaron en la mesa directiva por Juan Diego Gómez, el cuestionado presidente hoy del Senado, y según esas votaciones, en la CH decidieron votar por él, haciéndole el juego al Establecimiento y al uribismo; y por otro lado se puede ver que, a pesar de que el Partido Verde votó por Bolívar para el cargo mencionado, perdió ante el voto en blanco y esa pérdida implicaba que se tenía que repetir la votación, y al querer hacerse, los integrantes de la bancada de Decentes plantearon que no se había respetado los acuerdos y que no enviarían a otro candidato. Ahí quedaba la puerta abierta para que un partido independiente como Cambio Radical pudiera presentar un candidato y se quedara con la segunda vicepresidencia, algo que le servía a la derecha y a los clanes políticos. Lo que hizo el Partido Verde fue presentar a Antonio Sanguino, repitiendo en la mesa directiva.

El análisis de eso es que hay un resquebrajamiento de la oposición, lo cual vaticina cómo va a ser la competencia electoral en 2022; hubo además una ruptura de acuerdos entre los partidos alternativos, los cuales están cada vez más divididos, y al presentarse una falta de unanimidad en las decisiones que se están tomando para la interpretación del estatuto de la oposición, tendrá que hacerse una revisión al estatuto a nivel legal para determinar si hay o no sanciones sobre las votaciones y las decisiones que se tomaron en los partidos.

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