Emilio Álvarez Icaza, senador de la república, señaló que el grupo opositor en el Senado de la República se sumó a la ola de acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el Plan B de AMLO en materia político-electoral, por lo que se recalca que será la SCJN quien definirá el futuro de los organismos electorales.
A través de redes sociales, el legislador sin partido explicó este miércoles 25 de enero que promovieron el recurso contra la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los integrantes del Grupo Parlamentario Plural (GPP), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“El Bloque de Contención en el Senado de la República presenta acción de inconstitucionalidad contra el llamado Plan B del ejecutivo federal. Las reformas buscan cambiar las reglas del juego político y permitir a servidores públicos intervenir en elecciones a través de propaganda”
El Bloque de Contención en el @senadomexicano presenta Acción de Inconstitucionalidad contra el llamado Plan “B” del Ejecutivo Federal.
Las reformas buscan cambiar las reglas del juego político y permitir a servidores públicos intervenir en elecciones a través de propaganda. pic.twitter.com/KJT1i9f79h
— Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) January 25, 2023
Esto abona a los recursos de las y los diputados de oposición que integran la coalición Va por México, quienes desde el lunes fueron a la Corte para condenar la iniciativa. Además, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ya anunció que hará lo mismo, además de sostener, durante una sesión del Consejo General, que la Reforma Electoral de AMLO pone en riesgo la democracia mexicana.
“La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad con regularidad y certeza”
Durante la presentación del Informe del INE contra el Plan B, el consejero presidente sostuvo que “la reforma propuesta carece de los diagnósticos e información más elementales que justifiquen los cambios que pretende introducir”, por lo que se limitan o ponen en riesgo diversas garantías ciudadanas.
Durante su participación aseguró que se perdería la certidumbre de tener una casilla cerca de casa, de que los funcionarios de casillas estén capacitados, de tener resguardados los datos personales en el INE y de tener un ganador legítimo después de las votaciones, por ello la tildó de ser la “primer reforma regresiva de nuestra democracia”.
El Plan B de la #ReformaElectoral afecta gravemente las posibilidades de ejercer el voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia. Comparto mi participación hoy en Consejo General. pic.twitter.com/zDOXmUssSZ
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 26, 2023
Por lo que destacó la importancia que tendrá la SCJN en las próximas semanas: “la Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y la estabilidad política”. Sin embargo, Hamlet García, diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se mostró confiado en que la Suprema Corte avalará el Plan B de AMLO.
Pues, de acuerdo con el morenista, los riesgos que señaló Lorenzo Córdova no son reales, ya que no se pone en riesgo la presencia territorial del INE en México, ni se vulnera la eficacia del organismo ni su autonomía, sino que habrá ajustes menores, compactación de áreas administrativas y eliminación de la “burocracia dorada”.
Cabe recordar que el Plan B, en relación a la operatividad actual del INE y los demás organismos electorales, guarda la intención de eliminar la burocracia innecesaria y la duplicidad de funciones para generar ahorros de hasta 5 mil millones de pesos. Por ejemplo, entre los Organismos Públicos Locales (OPLEs) y el Instituto existen duplicadas, por lo que se espera generar ahorros, nada más con el INE, por casi 3.5 mil millones de pesos.
Aunado a ello, se destaca que el Plan A de AMLO, la reforma de carácter constitucional, suponía un ahorro de 15 mil millones de pesos, pero ésta no pasó el primer filtro, que era la Cámara de Diputados, así que se puso en marcha el Plan B en diciembre, mismo que quedó aprobado parcialmente y se espera que, con el reinicio de sesiones ordinarias, se termine el proceso, aunque también se espera que la oposición parlamentaria y el INE acudan a la Corte para invalidarla.
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