El funcionario del gobierno de Mauricio Macri encargado de la política penitenciaria se reunió ayer por la tarde con la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El tema central fue cómo será el alojamiento de los ex funcionarios y empresarios detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadio en la causa en la que se investiga el pago de coimas de la obra pública develado por los cuadernos de un chofer que detalló en ellos todo lo que presenció durante ocho años en el gobierno de Cristina Kirchner.
“Todavía no hay definiciones”, le dijeron a Infobae fuentes oficiales al tanto de la reunión. El motivo es que los 12 detenidos hasta ahora -hay seis prófugos- no están formalmente a cargo del SPF ya que están detenidos en la Policía Federal. Pero los funcionarios ya comenzaron a delinear los alojamientos. En la reunión estuvieron el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Mahiques, el director del SPF, Emiliano Blanco, el subdirector, Sabino Guaymas, y otros directores como Fernando Martínez, a cargo del Régimen Correccional.
Se trata de un caso especial. Por primera vez el SPF recibirá el mismo día una docena de detenidos que por su perfil político, público y económico requieren un tratamiento penitenciario especial.
Los nombres son los del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta; su secretario Nelson Lazarte; el ex secretario de Legal y Técnica del Ministerio Rafael Llorens; el ex presidente de Enarsa Walter Fagyas; el dueño de Electroingeniaria Gerardo Ferreyra; el ex gerente general de IECSA -empresa que pertenecía a la familia Macri-; Javier Sánchez Caballero; el presidente de la constructora Albanesi y Armando Losón, entre otros.
Todos ellos figuran en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta, en los que detalló -y que fueron revelados por el diario La Nación– cómo los funcionarios recibían coimas de los empresarios y que transportaban en bolsos a la quinta de Olivos, a la Casa Rosada y al departamento de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.
Se prevé que hoy, después de sus indagatorias, los acusados pasen formalmente al SPF. El primer paso será encontrarles un lugar de alojamiento. Todo indica que irán a la cárcel federal de Ezeiza o la de Marcos Paz, adelantaron las fuentes. Son dos cárceles de máxima seguridad que están en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires.
El segundo paso es realizarle a los detenidos una evaluación inicial de riesgo. Incluye desde análisis médicos, entrevistas con psicológicos y un cuestionario. Con la información que de esos estudios surja se define el lugar de detención dentro de la cárcel.
Todo indica que la mayoría de los detenidos quedarán bajo el sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC). Se trata de un programa que comenzó a funcionar en 2016 en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz destinado a internos con capacidad económica o poder de lobby -directo o a través de otras personas- para influenciar sobre los agentes del Servicio Penitenciario, quienes a su vez son elegidos especialmente para trabajar en ese sistema.
Los empresarios y ex funcionarios detenidos reúnen algunos requisitos del perfil de IRIC. Pasaron por la función pública, son personas públicas y tienen capacidad económica. Además, están acusados de corrupción que el eje central del programa.
En el IRIC hay actualmente cerca de 100 detenidos acusados en causas de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico. Eran 50 en noviembre del año pasado. Entre otros están el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios José López y Ricardo Jaime, el empresario Lázaro Báez, los sindicalistas Omar “Caballo” Suárez y Pablo “Pata” Medina y los jefes narcos “Marcos” Estrada González y Alionzo “Ruti” Mariños.
Baratta ya pasó por el IRIC. Fue cuando estuvo detenido en Marcos Paz de octubre del año pasado a marzo pasado cuando fue liberado en otro expediente por corrupción.
Otro aspecto de logística que analiza el SPF es sumar nuevos agentes al IRIC ante la llegada de los ex funcionarios y empresarios.
“¿Cuál será el destino si alguno de los detenidos no tiene el perfil para ir a IRIC”, preguntó Infobae. “Se lo ubicará en el pabellón que su perfil indique que podría ser uno de baja conflictividad”, contestó la fuente consultada. Se trata de pabellones de presos que no representan peligrosidad.
En la reunión de las autoridades también se comenzó a analizar la posibilidad de que el chofer Centeno ingrese al régimen de protección de imputados y testigos del Ministerio de Justicia. Si eso ocurre la custodia estará a cargo de un grupo especial del SPF. Centeno pasó la noche en la alcaldía de los tribunales de Comodoro Py.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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