Cansados de los ruidos molestos por la proliferación de recitales y eventos musicales en bares, restaurantes y espacios públicos que provocan contaminación sonora, los vecinos del barrio porteño de Palermo realizaron hace dos semanas una protesta en la intersección de las calles Sinclair y Avenida del Libertador, para que las autoridades del gobierno porteño dejen de hacer oídos sordos a sus reclamos y hagan cumplir la ley.
“Basta de boliches y recitales a todo volumen. Queremos dormir”, se quejan los residentes de la zona ante la falta de controles -sobre todo nocturnos- en el Campo Argentino de Polo, el Hipódromo y el Paseo de la Infanta.
Los damnificados señalaron que a pesar de las denuncias “ninguna institución del GCBA asume la responsabilidad de garantizar la salud y calidad de vida de los miles de residentes” afectados y agregaron que “la ausencia de paz y descanso se extiende a seis días de la semana”.
Infobae pudo saber que, en los últimos días., el Gobierno de CABA se aprestaba a blanquear una decisión político administrativa que, lejos de redundar en una solución para los veicnos damnificados por los ruidos molestos, parece más bien inspirada por especulaciones electorales.
La Agencia Gubernamental de Control (AGC), que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad y tiene la potestad de habilitar boliches, eventos y recitales, entre otros, pretende asumir la tarea de control de los ruidos molestos que hoy está a cargo de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), que depende del Ministerio de Ambiente.
“En tiempo récord, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura; firmaron este jueves un decreto por el cual esas funciones de control de ruidos molestos se la ceden a la AGC. No puede ser que quien otorga las habilitaciones sea quien tenga que hacer cumplir la ley. Ellos no van a hacer nada que vaya contra sus propias decisiones. Pretenden con un decreto pasar por encima de la Ley 1.540”, advirtieron a Infobae fuentes vinculadas a esta problemática.
El decreto, que aún no fue publicado en el Boletín oficial, fue impulsado por el Secretario de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, Facundo Carrillo; el Director General de Control Ambiental, Yamil Minakowski; y el Director General de DGFYC, Santiago Deluchi.
Esta iniciativa, aseguraron las fuentes, va en contra de los intereses de los vecinos, que serán los más perjudicados, porque implicará un vaciamiento de la dependencia que se ocupaba del tema lo que va a agravar la ya alarmante falta de eco de sus denuncias.
El decreto en cuestión, al que tuvo acceso Infobae, fue elaborado el jueves 29 y establece que “la AGC desarrollará las acciones de control, inspección y vigilancia de la contaminación acústica proveniente de actividades económicas desarrolladas en establecimientos públicos y privados; obras civiles, públicas y privadas comprendidas por el Código de la Edificación; estadios y/o espacios de uso público y privado donde se desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y culturales y de cualquier otra índole al que concurra público masivamente, de acuerdo a su ley de creación”.
“Hay una realidad que se fue gestando en la Dirección General de Control Ambiental para lograr el traspaso del control de ruidos a la Agencia Gubernamental de Control buscando monopolizar el control absoluto de los locales comerciales y eventos masivos, para que sea una sola persona quien dé las directivas”, denunciaron a Infobae, lo que genera una obvia falta de transparencia.
Si esto llegara a concretarse, las denuncias y el malestar de los vecinos crecerían a la par de la multiplicación de recitales y eventos en la zona, eventos que son muy lucrativos para quienes los realizan y para la administración porteña.
Aparentemente, el decreto, pese a que ya está firmado, no llegó a publicarse en el Boletín Oficial la semana pasada por la nueva filtración de chats del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que sería el funcionario bajo cuya jurisdicción quedarían estos controles si se efectiviza la medida.
Esta medida, explican especialista en el tema, centralizaría en una sola persona la habilitación y el control de todo CABA, una decisión contraria a la lógica y que facilitaría el lobby empresarial sobre los políticos para eludir las sanciones. La oportunidad d ela medida, en coincidencia con un año electoral, también habilita las especulaciones. La recaudación de los recitales es de millones de dólares; como ejemplo, están los 9 recitales de Coldplay en River.
Este deterioro de los controles no es nuevo. Durante el último año, la Dirección de Control Ambiental sufrió un vaciamiento de equipos y personal. Quedan solo 5 equipos para la medición de decibeles y cad vez que alguno se descomponía, había demoras injsutificables para su reparación.
Las denuncias
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, aseguran que el Polo Gastronómico Bocha “sólo está autorizado como patio y mercado gastronómico y no para shows en vivo ni para boliches de gran capacidad”, mientras que el Campo Argentino de Polo “no cuenta con certificado de aptitud ambiental”.
Asimismo, sostienen que en el Paseo de la Infanta “ningún local cuenta con autorización para ocupar el Parque Público 3 de Febrero que también es el Área de Protección Histórica N° 2, además de que se encuentra prohibido privatizar un espacio verde público sin una ley (Ordenanza N° 42.699)”. En esta área, el local más problemático para los residentes de la zona es el denominado La Mala, que tiene una intensa actividad nocturna durante la semana.
En cuanto al Hipódromo de Palermo, explican que “el Código Urbanístico no autoriza la realización de actividades de baile o de ejecución de música en este predio” y se advirtió que uno de sus boliches “tampoco cuenta con certificado de aptitud ambiental”. Durante varias recitales, además, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) verificó el incumplimiento de las condiciones acústicas permitidas.
“Respecto a los mega recitales musicales que se realizan en el Campo de Polo y en el Hipódromo, el GCBA considera que no merecen sujetarse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental aún cuando son cientos de eventos durante el año entre ambos predios y algunos con hasta 60 mil espectadores. Estos recitales no cuentan con certificado de aptitud ambiental. El Código Urbanístico no autoriza que estos predios sean utilizados para megaeventos recitales. El Hipódromo de Palermo se encuentra dentro del Parque 3 de Febrero que no permite recitales entre sus usos. El Campo Argentino de Polo está autorizado para el juego de Polo y puede utilizar el 20% para otros usos complementarios. Los recitales no son usos complementarios del Polo y superan el 20% permitido”, denuncian indignados los vecinos de la zona, que además de no ser escuchados ahora son rehenes de una interna política.
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