La ministra Rosa Gutiérrez ha sido citada por la Comisión de Salud del Congreso para responder sobre su gestión ante el impacto y colapso del dengue en Piura, la región más golpeada por la enfermedad a nivel nacional, con más de 35.000 casos, 735 hospitalizados y cerca de 60 fallecidos.
Gutiérrez, quien enfrenta un pedido de dimisión por el manejo deficiente de la epidemia, comparecerá el próximo martes 6 de junio, a las 11:00 horas. A la cita también fueron convocados los gobernadores regionales de Tumbes, Cajamarca, Ica, Lambayeque y Loreto, así como epidemiólogos y representantes de Contraloría y el ministerio de Economía.
El grupo parlamentario, presidido por la legisladora Edhit Julón (Alianza Para el Progreso), consideró de vital importancia que la ministra exponga indicadores y acciones concretas ante los 98.760 casos de dengue registrados en lo que va de 2023, un número muy superior a los 38.877 que se reportaron en todo el año pasado.
En la víspera, el congresista José Jerí (Somos Perú) pidió que Gutiérrez fuera convocada al considerar que no había cumplido su propuesta de “resolver [la crisis] en un plazo no mayor de 15 días”. La última vez que se presentó ante esta Comisión fue a inicios de mayo.
La funcionaria enfrenta una cadena de cuestionamientos, mientras Piura suma hospitales colapsados ―donde pacientes son atendidos en carpas—, defunciones ―entre las que se registran víctimas menores― y una ola de rechazo al Ejecutivo. Durante una reciente visita a la región norteña, Gutiérrez fue increpada por periodistas, por lo que abandonó una rueda de prensa.
A través de un comunicado, la Cámara de Comercio y Producción de Piura demandó “dejar de lado la confrontación con el gobierno regional y local en beneficio de una población que exige un trabajo conjunto entre sus autoridades, y medidas efectivas y eficientes que contribuyan con la prevención y control vectorial”.
“Piura necesita atención urgente, por lo que el Gobierno central debe responder de manera célere y efectiva para velar por la vida y la salud de la población, derechos garantizados por la Constitución Política del Estado”, señaló el gremio antes de ratificar que la situación es peor que la de 2017, considerado el año más devastador de esta enfermedad causada por la picadura de un mosquito infectado.
El congresista Edward Málaga Trillo, quien llamó a la ministra a elevar su renuncia inmediata, cuestionó la convocatoria de un comité integrado por especialistas implicados en el escándalo Vacunagate y en la pésima gestión de la COVID-19.
Gutiérrez ha sido cuestionada, incluso, por la viceministra de Salud Pública, Karim Pardo, quien consideró que es “imposible” asegurar que la cifra de casos está cayendo en Piura. La Defensoría ha exigido “un liderazgo más sostenido y eficiente” y no “normalizar la muerte ni el dolor que produce la pérdida de seres queridos”.

“Dentro de las acciones inmediatas está el inicio de la atención en el Hospital de Campaña La Videnita [en Piura] y que se amplíe su oferta hospitalaria para la atención en condiciones adecuadas y evitar un mayor número de decesos. Asimismo, fortalecer la atención con mayor número personal sanitario en los hospitales de Sullana y Santa Rosa, donde existe un hacimiento de pacientes”, señaló el organismo en un pronunciamiento.
La cartera anunció esta semana que sancionará a las farmacias que vendan medicamentos sin receta para combatir el dengue, entre ellos la ivermectina. “Solo [hay] manejo clínico que se debe realizar en los establecimientos de salud. Se denunciará porque esto es un crimen”, señaló la viceministra Pardo.
El aumento global de temperaturas, la falta de acceso a los servicios de agua y las lluvias e inundaciones agudizadas por el fenómeno de El Niño costero han conformado una tormenta perfecta para dar rienda suelta al mal en el país, que vive el peor brote de esta enfermedad de su historia más reciente.
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