Relator de ONU sobre protestas que dejaron más de 60 muertes: “No hay evidencias de que manifestantes eran terroristas”

Luego de sostener reuniones oficiales con autoridades del Ministerio Público y altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el relator especial para la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi, afirmó que no le han reportado evidencias de que los manifestantes que participaron en las recientes protestas antigubernamentales sean terroristas o estaban controlados por alguien más, como continuamente ha expresado el gobierno de Dina Boluarte para evitar responder por las más de 60 muertes que dejó la represión estatal.

“No encontré evidencias de que los manifestantes eran terroristas o estaban controlados por alguien más. En todas las ciudades que he visitado (Juliaca, Lima y Cusco) y a través de mis conversaciones con las fuerzas del orden no he visto evidencias de que sean terroristas, solo son peruanos manifestándose. Debemos ir más allá y entender que las poblaciones se movilizaron por una crisis social”, dijo durante conferencia de prensa en la que presentó conclusiones preliminares sobre la misión oficial que realizó en el Perú desde el pasado 7 de mayo.

El representantes de la ONU también se manifestó en contra de la estigmatización sufrida principalmente por comunidades indígenas al referirse a ellos como terroristas o financiados por actividades ilícitas. El experto condenó esta retórica hostil que emergió en los momentos más álgidos de la crisis social. “Dada la violenta historia del terrorismo en el Perú esta acusación es traumática y peligrosa”, advierte.

Sin embargo, incluso recientemente la presidenta Dina Boluarte se manifestó que los fallecimientos beneficiaron a Pedro Castillo y mandó “a toda esa gente a generar violencia”, deslegitimando las demandas políticas de las protestas sobre el adelanto de elecciones.

“No vamos a detenernos con aquellas provocaciones que manda Pedro Castillo, que vienen pagados algunas personas con dinero ilegal y no son de acá. Nosotros ya sabemos: a donde vamos, nos manda su piquete Pedro Castillo financiado por el narcotráfico y la minería ilegal”, dijo la presidenta.

Uso excesivo de la fuerza dejó elevado número de muertes

Clément Nyaletsossi también hizo un llamado al gobierno de Boluarte a reconocer que los miembros de las comunidades indígenas fueron afectados “por la violenta y desproporcionada represión ejercida durante las protestas”.

Así pues, en su informe ratifica lo que más organismos internacionales han afirmado sobre la actuación represiva y excesiva de las fuerzas policiales y militares: que hubo un uso indiscriminado de fuerza letal.

“Estuve alarmado por el numero de fallecidos. Para mí esta claro que hubo un uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte de más de 60 personas”, señaló.

Asimismo, hizo referencia a actos violentos de algunos grupos de manifestantes que incurrieron en la destrucción de infraestructura pública e intentos de tomas de aeropuertos, lo cual no se halla dentro de las manifestaciones de protesta pacífica , según explicó.

“Quiero decirles que sí hubo uso excesivo de la fuerza, como ya lo mencioné, que condujo a la muerte (de manifestantes) y que también hubo (más) violencia. No solamente civiles murieron en la protesta, sino también algunos miembros de las fuerzas del orden que también resultaron heridos y fallecieron”

Aunque también explicó que en sociedades democráticas, las protestas pacíficas siempre implican un grado de disturbios yo que es deber del Estado proteger este derecho y no catalogar las manifestaciones espontáneas como actos de terrorismo o disturbios.

“La Policía debe usar la fuerza mínima para controlar la violencia en las protestas para que quienes protestan pacíficamente tengan las garantías de manifestarse”, mencionó.

Otro punto que reconoce, al igual que otros organismos internacionales, es que el expresidente Pedro Castillo rompió el orden constitucional al intentar efectuar fallidamente un golpe de Estado. Sobre este punto, el relator pactó una reunión con el exmandatario en el penal de Barbadillo y confirmó que se encuentra en buenas condiciones y que hizo llegar sus demandas al gobierno de Boluarte.

A fin de reunir información para su informe, Clément Nyaletsossi se reunió con la presidenta Dina Boluarte, los ministros Alberto Otárola, Jorge Chávez y Ana Gervasi. También con representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y el Congreso, Defensoría del Pueblo y asociaciones de víctimas. También visitó las ciudades de Juliaca, Lima y Cusco durante sus 10 días de trabajo oficial.

El doble discurso del gobierno

El especialista de la ONU también hizo constantes referencias a la apertura del gobierno hacia la rendición de cuentas ante organismos internacionales y señaló que fue por invitación oficial que él pudo desarrollar su misión, además de que no se le negó información ni el acceso a conversaciones con altos funcionarios.

Sin embargo, pocas semanas antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales en la que se concluye que el Estado peruano incurrió en graves violaciones contra los derechos humanos y que debido al elevado número de muertes en algunas regiones del sur estos hechos podrían ser catalogados como ejecuciones extrajudiciales o masacres.

En el caso de la CIDH, fue el propio gobierno el que facilitó la visita oficial, aunque luego de su publicación y difusión sus recomendaciones fueron desestimadas, incluso Dina Boluarte acusó de que las calificaciones sobre la violenta represión fueron “simplistas”. Por ello, la presidenta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, calificó como “decepcionante” las declaraciones de la mandataria y también aclaró que el informe de la CIDH también recopilaba las observaciones que realizó el Estado peruano antes de su publicación.

Esta vez, el relator de la ONU señaló que su despacho permanecerá atento a los acontecimientos en Perú, pues el país vive “una situación crítica” en el interín de la presentación del su forme final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proyectado para junio del 2024.

“Las víctimas están están esperando y que se rindan cuentas. Es importante que se asegure que los heridos reciban tratamiento cuenta del estado y aquellas familias que sufren por sus muertos sean atendidas debidamente. No queremos impunidad, queremos transparencia y que se rinda cuentas. Vamos a seguir atentos para poder asegurarnos de que las investigaciones vayan de acuerdo al derecho internacional”, enfatizó.