Evidencias en video respaldan la denuncia hecha por el defensor de derechos humanos Diego Villamizar, quien alertó en una publicación en su cuenta de X sobre una serie de hechos violentos que estarían ocurriendo dentro de la penitenciaría de Cúcuta.
Según Villamizar, se ha estado extorsionando a reclusos dentro del centro carcelario, exigiendo a sus familias importantes sumas de dinero como garantía para evitar ataques a los presos. En la grabación se visualiza a dos hombres torturando brutalmente a otro recluso, utilizando patadas, puños e, incluso, obligándolo a sumergir la cabeza en un inodoro.
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El defensor de derechos humanos afirmó que los agresores amenazaron a los familiares de la víctima con represalias si no pagaban una “vacuna”. Aquellos que se negaron a cumplir con estas demandas fueron víctimas de crueles torturas, lo que evidencia una situación alarmante dentro de la cárcel de Cúcuta.
Ante estos hechos, se informó que el recluso afectado fue trasladado a un patio con mayor seguridad. Sin embargo, se teme que este caso no sea el único, ya que se sospecha que otros presos también están siendo secuestrados dentro de la penitenciaría, con la intención de extorsionar a sus familias.
Diego Villamizar señaló en la red social X que el “patio 1B está sin control”, identificando a ciertos individuos como responsables de los actos de crueldad.
Por su parte, el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) emitió un comunicado confirmando que el grupo de Policía Judicial de dicha cárcel está recopilando información para identificar a los agresores y víctimas, iniciando así la investigación correspondiente.
Además, se informó a la Fiscalía 129, especializada sobre estos delitos, para solicitarle protección inmediata para la víctima. El Inpec aseguró que la persona privada de la libertad agredida presentará una denuncia formal por lesiones personales y amenazas, y que fue trasladada a una Unidad de Medidas Especiales para garantizar su protección.
El medio local La Opinión conoció que en octubre de 2023 Zair Fernando Garavito Luna, un recluso condenado por hurto, fue asesinado en el interior de la misma prisión. La víctima sufrió una puñalada en el pecho, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades por auxiliarlo y trasladarlo a un centro médico, perdió la vida.
El presunto autor del crimen ya cumplía una condena por homicidio en ese mismo lugar, según señaló el Inpec.
El hacinamiento en las cárceles aumenta hechos de violencia entre reclusos
Según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, los centros de reclusión en el país presentan para 2023 un hacinamiento del 21%. Aunque este ha disminuido desde la pandemia del Covid-19, pasando de 51% a la cifra mencionada, sigue siendo un problema para garantizar las condiciones habitables en estos centros.
Desde enero de 2023, el personero de Cúcuta Karol Monrroy Blanco había dicho que esta situación en las cárceles era una “bomba de tiempo” por la problemática que podía desencadenar. Incluso, el funcionario habría estimado que el nivel de hacinamiento en la cárcel La Modelo de Cúcuta podía ser de del 700%, aunque estas cifras no se confirmaron por parte del Inpec ni de alguna otra entidad.
La entidad menciona que el sistema penitenciario colombiano continúa “atravesando una difícil situación con la consecuente vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.
De acuerdo con una investigación realizada por Karen Angélica Mancipe, abogada de la Universidad Gran Colombia, “el hacinamiento existente en Cárceles y Penitenciarías del país se ha convertido en un problema para la convivencia de los internos en Colombia”.
El experto en seguridad de la Universidad Javeriana Juan Sebastián Jiménez coincide con esta postura. Jiménez le explicó a Infobae que el hacinamiento representa un problema para los reclusos porque “la capacidad de custodia se ve reducida ante la cantidad de personas que se encuentran habitando en condiciones no óptimas, dificultando el control del sistema carcelario”.
Según Amnistía Internacional, la sobrepoblación en cárceles representa frecuentemente una transgresión de los Derechos Humanos reconocidos a nivel internacional. Esto implica el derecho a no ser sometido a torturas o a un trato cruel, inhumano o degradante, tal como se establece en el artículo número cinco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en otros acuerdos internacionales.
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