Touadéra ha rechazado modificar la fecha, una opción respaldada por la comunidad internacional
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
República Centroafricana (RCA) celebra este domingo unas elecciones presidenciales y parlamentarias que han estado en duda hasta el último momento por las exigencias de aplazamiento de los comicios y la ofensiva lanzada por una coalición rebelde para forzar al presidente, Faustin-Archange Touadéra, a dar su brazo a torcer y cancelar la votación temporalmente.
El actual mandatario ha rechazado todas las peticiones para aplazar los comicios y ha insistido en la necesidad de mantener la fecha fijada, mientras que la Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en RCA (MINUSCA) ha reforzado sus operaciones y Francia ha autorizado el sobrevuelo de cazas a petición de la ONU y de Touadéra.
La convocatoria a las urnas para las presidenciales y las parlamentarias tiene lugar en un contexto en el que reverbera la crisis abierta en RCA desde finales de 2012 e incluso desde la guerra civil de 2007, en el epicentro de unas tensiones con altibajos desde hace más de una década.
El país africano se vio sumido en la violencia en diciembre de 2012 tras un levantamiento armado contra el entonces mandatario, François Bozizé, por diferencias sobre la aplicación de los acuerdos de paz tras el conflicto de 2007, una situación que forzó al presidente a huir en mazo de 2013 ante el avance de estos grupos hacia la capital, Bangui.
Estos grupos armados, integrados en torno a la coalición Séléka –de mayoría musulmana–, lograron hacerse con el poder, tras lo que su líder, Michel Djotodia, ascendió a la Presidencia. Posteriormente estallaron enfrentamientos entre esta coalición –disuelta en septiembre de 2013– y milicias ‘anti balaka’, predominantemente cristianas, que surgieron ante los abusos de miembros desmovilizados de Séléka o que se negaron a abandonar las armas.
Este conflicto se mantuvo con distintos grados de intensidad hasta la firma de un acuerdo de paz en febrero de 2019 entre el Gobierno y catorce grupos armados, si bien formaciones antiguamente asociadas a Séléka y a las milicias ‘anti balaka’ –todos ellos acusados de violaciones de los Derechos Humanos–, así como otras facciones, han surgido desde entonces.
Asimismo, los grupos firmantes del acuerdo de paz han mostrado en reiteradas ocasiones su malestar con Touadéra por lo que consideran retrasos en la aplicación de las cláusulas del pacto, incluida su integración en las fuerzas de seguridad, así como por la actitud del Gobierno en general, malestar que se ha acentuado antes de las elecciones.
En este contexto, las tensiones han repuntado de forma drástica a raíz de la decisión del 3 de diciembre del Tribunal Constitucional de descartar la candidatura de Bozizé, quien regresó al país a finales de 2019 –algo que también hizo Djotodia, si bien éste último descartó concurrir a las urnas– para volver a ser candidato a la Presidencia.
El tribunal argumentó que sobre Bozizé, quien llegó al poder en 2003 a través de un golpe de Estado, pesan sanciones de Naciones Unidas y una orden de captura por abusos cometidos en RCA durante su mandato, a pesar de lo cual no ha sido detenido e incluso se reunió en enero con Touadéra, tras lo que dijo que no busca “fomentar ningún complot para crear problemas” en el país.
Sin embargo, inmediatamente después de la decisión del Constitucional surgieron informaciones sobre reuniones mantenidas por Bozizé con diversos grupos armados, incluidos antiguos integrantes de Séléka y los ‘anti balaka’, lo que llevó a las autoridades centroafricanas a acusarle de intentar fomentar un golpe de Estado.
LA OFENSIVA REBELDE
Días después de las supuestas reuniones entre Bozizé y los rebeldes vio la luz la Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC), que aglutina a seis grupos armados –incluidos ex Séléka y ‘anti balaka’– y que cargó duramente contra Touadéra por los preparativos electorales y exigió que fueran aplazados.
Los grupos armados de esta coalición, que eran firmantes del acuerdo de paz de 2019, iniciaron posteriormente una ofensiva que les permitió tomar diversas localidades tras enfrentamientos con el Ejército, amenazando con avanzar hacia Bangui para cancelar las elecciones por la fuerza.
La CPC anunció sin embargo el miércoles un alto el fuego para dar tiempo al Gobierno para pronunciarse sobre sus exigencias, si bien la negativa de las autoridades provocó que el viernes recalcara que reiniciaba su “marcha implacable” hacia la capital.
“Este llamamiento de la CPC (al alto el fuego), lejos de ser un gesto de debilidad, no tenía otro objetivo que dar una oportunidad a la paz”, sostuvo, antes de denunciar que las fuerzas de seguridad habían llevado a cabo ataques contra sus posiciones. Pese a ello, se “abierta a todas las proposiciones serias destinadas a lograr la paz, la tranquilidad y la reconciliación nacional”.
La situación ha provocado una reacción por parte de la comunidad internacional, que ha derivado en la decisión de Naciones Unidas de proceder a un “redespliegue temporal” durante dos meses de dos compañías de infantería y dos helicópteros militares de la Misión de Asistencia de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) a RCA.
“Esto tiene como objetivo las capacidades operativas de la MINUSCA durante este contexto electoral”, explicó el viernes el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric. Asimismo, Rusia ha enviado 300 instructores militares, mientras que Ruanda ha desplegado militares en apoyo al Gobierno.
La MINUSCA, que logró recientemente recuperar el control de la ciudad de Bambari –la cuarta más importante del país– de manos de los rebeldes, ha sufrido sin embargo bajas en estos enfrentamientos, incluida la muerte de tres ‘cascos azules’ burundeses en combates en Dékoa, epicentro de los combates durante los últimos días.
EL FALLO DEL CONSTITUCIONAL
A ello se suma un último intento a través de la vía judicial para cancelar la votación, presentado por seis candidatos al Constitucional para reiniciar el proceso a raíz de la decisión de Jean-Serge Bokassa de retirar su candidatura, rechazado igualmente el sábado por el tribunal.
La demanda se sustenta en que la legislación fija que la organización de los comicios “se reinicia totalmente con una nueva lista de candidatos” en caso de que uno de ellos se retire en el periodo que va desde la publicación de la lista hasta la votación.
Asimismo, varios candidatos habían reclamado el aplazamiento debido a que las condiciones de seguridad existentes impedirían el buen desarrollo de la votación, si bien el Constitucional agrupó todas las demandas y las rechazó argumentando que aplazar las elecciones provocaría violar los plazos contemplados por la Constitución, que recoge que el próximo presidente haya sido nombrado el 30 de marzo de 2021.
El tribunal ha recalcado que el actual calendario electoral fue elaborado teniendo en cuenta los plazos constitucionales, por lo que ha añadido que un aplazamiento provocaría que los procedimientos excedieran la citada fecha.
De esta forma, los comicios saldrán adelante en la fecha prevista, si bien el recrudecimiento de la violencia amenaza con un periodo de mayor inestabilidad que, en caso de provocar que no haya nuevo presidente el 31 de marzo, podría llevar a un ahondamiento de la crisis, ante lo poco probable de que la oposición y los rebeldes acepten una extensión del mandato de Touadéra.
En total hay 16 candidatos en liza para las presidenciales, entre ellos la presidenta durante la transición, Catherine Samba-Panza, así como los antiguos primeros ministros Martin Ziguelé y Anicet-Georges Dologuélé –respaldado por Bozizé y quien se ha desmarcado sin embargo de la ofensiva rebelde–, y Sylvain Patassé, hijo del expresidente Ange Félix Patassé. En las parlamentarias están en juego los 105 escaños de la Asamblea Nacional.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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