El procurador interno Eduardo Casal es el jefe de unos 350 fiscales federales y nacionales y maneja un presupuesto anual de más de $13.100 millones. Sin embargo, hasta ayer no había sido consultado sobre la reforma judicial de Alberto Fernández, ni siquiera con el debate parlamentario en marcha. Asediado por un sector del Gobierno, que impulsó una docena de pedidos de juicio político en su contra, Casal no opinará en público salvo que lo convoquen de manera institucional. En silencio, ya hizo su análisis y detectó varias inconsistencias.
La primera sensación que tuvo Casal apenas leyó la reforma judicial fue que no está pensada para el sistema acusatorio. De hecho, el proyecto propone nombrar más jueces que fiscales en las provincias, 94 contra 85.
En el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de jueces y fiscales nuevos es la misma, 23. Ahí el problema es la distribución de recursos. La reforma no establece un espacio físico para los nuevos juzgados ni las fiscalías.
En el caso del personal, las fiscalías se completarían con empleados que trabajan en las 23 fiscalías actuales. El artículo 15 estipula que el Procurador “procederá a redistribuir el personal”. Es el mismo Procurador al que todavía no le pidieron opinión.
No es el único problema que genera la unificación de las fiscalías federales con las de Penal Económico. Para el Procurador, “atenta contra la imperiosa necesidad de contar con una mayor especialidad”.
En las reuniones que mantuvo esta semana con sus asesores, Casal detectó otra falla a la que denomina de “coherencia interna”. ¿Por qué? La reforma habilita inmediatamente los nuevos cargos en la Ciudad, que se cubrirán mediante fiscales subrogantes, mientras que los cargos en la justicia federal de las provincias sólo se habilitarán una vez tramitados los concursos.
La reforma también genera incertidumbre sobre el futuro del fuero nacional en lo Criminal y Correcional, tal como reclamó la Cámara del Crimen en su acordada. Aquellos jueces que no vayan al fuero federal ni a la Ciudad de Buenos Aires, quedarán en una situación incómoda. El proyecto propone que no se cubran las vacantes y la disolución de los juzgados cuando se queden sin causas. Pero omite la situación de los fiscales de ese fuero.
Casal ya elaboró un borrador con varias de esas críticas puntuales. El cuestionamiento central apunta al espíritu de la reforma. El Procurador no tiene dudas que el proyecto presentado por el Gobierno va en contra del sistema acusatorio, que le otorga más poder a los fiscales y plantea un procedimiento más rápido, basado en la oralidad.
El sistema acusatorio va de la mano con el nuevo Código Procesal Penal Federal. De hecho, según el proyecto, la Ciudad de Buenos Aires debería implementarlo en un plazo máximo de dos años. Ese proceso incluye el traspaso de las competencias y la unificación de los fueros en el fuero federal.
En reuniones reservadas, Casal planteó que la reforma no le otorga herramientas al Ministerio Público Fiscal para investigar con autonomía. En ese sentido, lamentó que no esté prevista la creación de un cuerpo de investigaciones especializado (policía judicial), para que los fiscales no sigan dependiendo de las fuerzas de seguridad nacionales.
El embate contra el procurador interino -que recibió el apoyo de todas las líneas internas de Cambiemos- tuvo esta semana un freno por la dinámica del Congreso. No se reunió la Bicameral de Ministerio Público ni la comisión de juicio político en Diputados tal como estaba previsto. En las oficinas de la Procuración trabajaron igualmente para completar los informes requeridos por la Bicameral. Entre los pedidos hay informes de ejecución presupuestaria, de los cargos vacantes, concursos, sumarios disciplinarios y hasta de la conformación de la Secretaría de Terrorismo.
Casal sospecha que en los próximos días volverán las maniobras políticas para desgastarlo y forzar su salida. Si avanza con el juicio político, el oficialismo se topará con el mismo límite que le impide nombrar a Daniel Rafecas: los dos tercios.
Casal no fue invitado al Senado pero recibiría en los próximos días una invitación formal de la comisión de juristas que asesora al presidente Alberto Fernández, tal como reveló ayer Infobae.
Sus críticas a la reforma, por ahora reservadas, tienen varios puntos en común con lo dicho esta semana por defensora general Stella Maris Martínez. La funcionaria expuso ante el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto. “Entiendo que la aplicación pura del sistema acusatorio hubiera implicado disolver juzgados federales, disolver cámaras y crear colegios de jueces, y por un problema de oportunidad no puede hacerse”, advirtió, aunque consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro.
En esa misma línea se expresó el fiscal federal Carlos Rívolo cuando le tocó exponer ante el Senado. Para el titular de la Asociación de Fiscales, la reforma “pone en riesgo la verdadera reforma que impulsamos los fiscales ya que se impulsa una superpoblación de jueces”.
Aunque todavía no fueron convocados al Congreso, dos jueces de la Cámara de la Casación también se expresaron públicamente sobre las contradicciones de la reforma. “La discusión sobre la reforma de la organización judicial, requiere de un debate amplio, plural y abierto en el seno parlamentario. En esta búsqueda se debe destacar la imperiosa necesidad de optimizar los recursos del Poder Judicial, estableciendo un escenario claro y adecuado en miras a la implementación del sistema procesal acusatorio. Como así también en la postergada necesidad de sancionar el nuevo Código Penal, que se encuentra ya desde 2019 en el Senado”. sostuvo Mariano Borinsky en una charla por Zoom.
En tanto, en un reportaje con el diario Perfil, el juez Alejandro Slokar criticó la multiplicación de juzgados: “Creo que la auténtica reforma ya se había puesto en marcha en el año 2014 con la instauración del modelo acusatorio a través de un régimen procesal nuevo, con un fiscal que investiga y acusa y un juez que controla y decide, como sucede en casi todas las provincias del país, menos en Comodoro Py”.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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