Puigdemont está dispuesto a volver a Cataluña para ser detenido: “No podrán impedir que sea presidente de la Generalitat”

Carles Puigdemont está dispuesto a volver a España y ser detenido, ha afirmado este viernes su abogado, Gonzalo Boye, en una entrevista concedida a RAC1. El letrado da por hecho además que será candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña en las elecciones convocadas el 12 de mayo. Boye es consciente de que Puigdemont sería arrestado al cruzar la frontera, pero también de que la ley de amnistía avanza y ya se encuentra en el Senado: “Lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat”, ha defendido.

Este regreso impactaría de lleno en la campaña a los cruciales comicios, en los que Junts apunta a tercera fuerza y con el PSC de Salvador Illa al frente de todos los sondeos, pero sin una mayoría suficiente. Eso si no se decidiera por acudir ya al pleno de investidura, pasadas las urnas y establecidas las alianzas. “Llevará su decisión hasta el final” y “va a asumir las consecuencias de sus decisiones”, ha proclamado Boye.

También hay que considerar que si Puigdemont deja su escaño en el Parlamento Europeo para encabezar una lista electoral ya se expone a ser detenido al perder la inmunidad. Boye se asegura estar “tranquilo al respecto”.

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“Miedo” de Sánchez y Aragonès

El abogado cree que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el de la Generalitat, Pere Aragonès, temen que Puigdemont pueda concurrir a los comicios, los gane y sea investido: “Este es el miedo, y es justificado”. Duda, eso sí, de que los tribunales vayan a ser diligentes una vez la ley de amnistía sea aprobada definitivamente y sea publicada en el BOE, lo que significará su entrada en vigor. “Procederán a revisar todos los casos en los que se debe aplicar y levantarán las medidas cautelares en las causas que corresponda”, confía.

Puigdemont, que confirmará su candidatura la próxima semana, no está inhabilitado, por lo que puede ser candidato, tal como lo fue en 2021. Si sale elegido el 12-M, por ley, tendrá que estar presente en el pleno de investidura. Esa presencia dependerá de la amnistía. Una vez la publique el BOE, los jueces tienen dos meses para aplicarla. La medida puede quedar suspendida si los magistrados del Tribunal Supremo presentan una cuestión prejudicial en Europa, en el TJUE, para preguntarle acerca de cómo proceder.

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