La Procuraduría General de la Nación se pronunció frente al proyecto de ley que reforma el sistema penitenciario y carcelario en Colombia, presentado por el Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna. Las observaciones fueron emitidas en formato de decálogo y publicadas en el portal de la entidad el 10 de febrero del 2023.
Con sus observaciones, el Ministerio Público buscaría promover soluciones al estado de emergencia por el que atraviesan las cárceles y centros de reclusión, el encargado de presentarlas fue el procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
Sarmiento llamó al Gobierno nacional a incluir aspectos claves, los cuales ya estarían contenidos en la sentencia de unificación (SU) 122 de 2022, emitida por la Corte Constitucional, en relación con las obligaciones de las entidades territoriales y la política penitenciaria.
El procurador delegado recordó las obligaciones a las que está sometido el Estado, en relación con el Derecho Internacional, la necesidad aumentar el presupuesto en el funcionamiento del Inpec, la Rama Judicial y otras instituciones.
Los puntos presentados en el decálogo son:
- Fortalecer la capacidad de las autoridades judiciales asignadas a la resolución de subrogados, como la prisión domiciliaria.
- Incorporar la línea jurisprudencial fijada por la SU 122 de 2022.
- Solicitar concepto al Ministerio de Hacienda sobre los costos que se desprenderán de la reforma.
- Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo las medidas y recursos necesarios para afrontar la crítica situación carcelaria del país.
- Prestar atención a las tensiones que existen entre los convenios internacionales de lucha contra la corrupción y los de protección a la niñez frente a los subrogados penales otorgados.
- El Ministerio Público recuerda que la prisión domiciliaria en personas que han cometido crímenes de lesa humanidad puede reñir con el estatuto de Roma y lo establecido por la Corte Penal Internacional.
- La Procuraduría rechaza que la propuesta del gobierno impida imputar de concierto para delinquir y terrorismo a quienes sean capturados en el marco de manifestaciones, considerándolo injerencia en la labor de la justicia.
- En el mismo sentido se manifestaron frente la eliminación de inasistencia alimentaria, pues este tipo penal defendería una perspectiva de género y a la niñez.
- Asignar nuevos medios tecnológicos y garantizar los recursos necesarios para modernizar los centros penitenciarios y carcelarios.
- Fortalecer las capacidades del Inpec para la vigilancia de los condenados en modalidad de la llamada casa por cárcel.
“Entre los temas sugeridos están las obligaciones de los entes territoriales con el sistema penitenciario y carcelario, los compromisos internacionales del Estado en relación con las condenas por delitos de lesa humanidad y la necesidad de recursos adicionales”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.
El pasado 9 de febrero, durante la presentación ante el Congreso de la República, el ministro Osuna explicó que una de las apuestas del proyecto de Ley 336 de 2023C, es el fortalecimiento y ampliación de la casa por cárcel.
Néstor Osuna aclaró que esta medida no se puede entender como “algo exótico, excepcional o marginal en nuestro sistema penal, hay 77.000 personas que están en prisión domiciliaria de un universo cercano a 200.000 privados de la libertad”, señaló que eso equivale a los habitantes de una ciudad como Tunja.
El ministro argumentó el proyecto en función de que lo que cuesta mantener a un preso en las cárceles, afirmó que cada persona privada de la libertad en centro carcelario le cuesta al país 2.6 millones de pesos mensuales, este año se gastarán 3.1 billones de pesos en sostener las cárceles del país, donde se encuentran 130.000 personas.
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