El 28 de enero del 2023, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación en contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el Cesar, debido a que presuntamente habrían conocido sobre casos de abuso sexual a menores y no tomaron las medidas necesarias.
La investigación se cursará en contra del director de la regional Cesar del ICBF, Gabriel Enrique Castilla, así como a la coordinadora del centro zonal, Zobeida Galván Peña.
Ambos funcionarios habrían omitido sus labores de vigilancia y supervisión, en el seguimiento a la Fundación para el Desarrollo de la Infancia, Adolescencia y la Juventud (Fundinaj), la cual desarrollaba labores de internado para la niñez desprotegida en el departamento de la costa.
“El Ministerio Público requirió información acerca de la conducta de los investigados, cuando al parecer, habrían tenido conocimiento de los comportamientos de abuso sexual y tratos denigrantes a menores de edad a su cargo el director, representante legal y coordinador de la fundación” se explicó en el comunicado.
Con esta medida, el Ministerio Público verificará si existió una falta disciplinaria por parte de Castilla y Galván, o si, por el contrario, es sus actuaciones están contempladas en una causal de exclusión de responsabilidad.
Según información registrada por Blu Radio, por este caso se detuvo a tres personas que habrían estado involucradas en casos de abuso sexual contra los menores de edad que habitaban en el internado.
Entre los implicados se encuentran el director de la Fundinaj, junto a dos subordinados, el caso fue denunciado en 2021 por quien en su momento fue la directora del ICBF Lina Arbeláez, según el medio antes citado.
Los sujetos fueron capturados y la Fiscalía General de la Nación les acuso de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
En el centro contaba con capacidad para albergar hasta a 70 menores, entre los 10 y 18 años, pero debido a las denuncias en contra de la institución, todos fueron trasladados, con el fin de garantizar el restablecimiento de sus derechos.
Procuraduría encontró fallas del ICBF con los menores de edad de La Guajira
El 26 de enero del 2023, un equipo de la Procuraduría General de la Nación visitó los territorios de las comunidades wayuu de El Ciruelo y Cascajito, en la zona rural de Riohacha (La Guajira). Tras la visita, el Ministerio Público evidenció la falta de control por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar la adecuada alimentación de la primera infancia de la población indígena.
Aquí tenemos todas las problemáticas de agua, salud y educación”, indicó Guillerma Epiayú, una autoridad tradicional wayuu y destacó el acompañamiento que está realizando la entidad en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. Si bien revisaron las condiciones de vida de la comunidad, la Procuraduría prestó mayor atención a los casos de desnutrición en menores de edad.
“Entre las dos comunidades, aproximadamente unas 600 personas, de las cuales, 200 son niños”, especificó Jeferson Mena, asesor del despacho de la Procuradora encargado de Asuntos Étnicos y comisionado para efectuar estas verificaciones.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en 2022 murieron 85 menores de edad de la comunidad wayuu por desnutrición y esa cifra es la más alta en los últimos 12 años. Por esa razón, el pueblo indígena solicitó la presencia del presidente Gustavo Petro para levantar el paro en defensa de la situación que viven los niños en la región.
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