A través de un comunicado emitido el 3 de marzo de 2023, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer la investigación que se adelantará “contra funcionarios por determinar de la Policía Nacional por la presunta falta de apoyo a otros miembros de la institución”.
El proceso se habría iniciado en medio de las protestas que tuvieron lugar el 2 de marzo en la zona de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá. Allí se venían presentando una serie de situaciones de orden público en las que los campesinos se manifestaron debido a incumplimientos con acuerdos con la empresa petrolera Emerald Energy.
El documento señaló que la delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública aseguró que debido a los enfrentamientos que se presentaron entre los miembros de la institución Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – Undmo, antes llamados Esmad, y campesinos de la región se pidió apoyo a través de comunicaciones radiales.
Sin embargo, este apoyo nunca llegó y, además, habría sido clave para facilitar la retención de cerca de 80 policías. Cabe recordar que tanto los policías como los funcionarios retenidos ya fueron liberado y se espera que inicien los diálogos en cabeza del Gobierno nacional con la comunidad.
El Ministerio Público aseguró que:
“… es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos en la conducta objeto de averiguación, por lo que solicitó practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de los mismos…”. Esto permitiría establecer si puede calificarse como una falta disciplinaria e identificar si se habría actuado “al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
La solicitud de los miembros de la Fuerza Pública para recibir apoyo
La difícil situación que se vivió desde horas de la mañana del jueves 2 de marzo de 2023 en San Vicente del Caguán, donde estuvieron en apoyo y control miembros de la policía, quienes resultaban ser un número menor a la cantidad de manifestantes presentes, despertó la desesperación de los miembros de la institución frente a la toma de la empresa petrolera por parte de los campesinos y labriegos.
Los policías se encontraban realizando custodia de la zona y además, estaban desarmados, según declaraciones del 3 de marzo de 2023, por parte del ministro del Interior, Alfonso Prada. Fue así que la Guardia Campesina pudo retener a los casi 80 uniformados con el fin de tomarlos como rehenes exigiendo atención al Gobierno nacional.
Aunque si bien desde hacía varios días los uniformados estaban haciendo acto de presencia en la zona debido a los bloqueos que ya habían adelantado los campesinos para bloquear el paso de los camiones de la petrolera, no fue sino hasta la mañana del 2 de marzo que la situación se tornó hostil y muchos temían por su integridad.
A través de comunicaciones radiales que pronto empezaron a circular en las redes sociales se pudo conocer la intensa preocupación que vivían, por su parte, los miembros de la fuerza pública. En ello, la solicitud que se hacía de manera reiterativa era la necesidad de contar con apoyo por cualquier vía, mientras de fondo una ola de gritos comprobaba la grave situación en la zona.
En uno de los audios se pudo escuchar lo siguiente:
“Los derechos humanos no existen, ya tenemos dos compañeros muertos, central, ¿qué estamos esperando?, ¿que nos acaben a todos acá? Central, no puede ser posible, central, no puede ser posible”.
El pronunciamiento del alcalde de San Vicente del Caguán
En comunicación con W Radio, el alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo se refirió a los hechos que habrían determinado el inicio de los enfrentamientos y la toma de la sede de la petrolera en el lugar.
Aseguró que, desde el mes de noviembre de 2022, la comunidad había reclamado a la empresa por el incumplimiento de una serie de acuerdos en relación con el impacto ambiental y social que tendrían las actividades de la empresa en el territorio. Entre ellos estaba la pavimentación de 42 kilómetros de la vía que conduce desde San Vicente del Caguán hasta Las Delicias.
Frente a esto, particularmente, el alcalde mencionó que: “En enero hicimos gestión y se estableció contacto con el Invías y se comprometieron con los diálogos para los 200 kilómetros para el Caquetá”.
Además, mencionó que la empresa se habría comprometido a entregar 1 millón de dólares, los cuales se usarían para realizar inversión social en la zona y que respondían a la reparación que exigía la comunidad por daños en la infraestructura provocados, principalmente, por el paso de vehículos pesados, hecho que estaría afectando la calidad de vida de los habitantes.
Según Perdomo, la situación de orden público en Caquetá se habría podido evitar debido a que “el Gobierno nacional conocía previamente la situación en San Vicente del Caguán”. Cabe recordar que, en los enfrentamientos, un campesino y un miembro de la Policía perdieron la vida.
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